DC se suma a acusación contra Rabat y Silva que también incluye apoyos de parlamentarios oficialistas
La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, suma apoyos y profundiza las divisiones del oficialismo. La bancada de diputados de la Democracia Cristiana confirmó que avanzará junto a la oposición, mientras parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI exigen la salida del secretario de Estado. Algunos incluso manifestaron su disposición a votar favorablemente el libelo.
La crisis se originó por las rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Posteriormente, surgieron antecedentes sobre beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad y a extranjeros que extorsionaban a mujeres identificándose como integrantes del Tren de Aragua. Las revelaciones ampliaron los cuestionamientos a las decisiones adoptadas durante el gobierno de José Antonio Kast.
El rechazo ciudadano también alcanza al Presidente. Según la encuesta Cadem del 27 de octubre, un 94% rechaza las rebajas de condenas para agresores sexuales de menores y un 77% desaprueba la gestión de Rabat. Además, un 64% cuestiona la decisión de Kast de mantenerlo en el cargo.
Democracia Cristiana confirma acusación constitucional
El jefe de la bancada DC, Jorge Díaz, confirmó que sus parlamentarios resolvieron avanzar con las demás fuerzas opositoras en una acusación constitucional contra Rabat. La decisión responde a los antecedentes conocidos sobre los decretos que permitieron reducir condenas. El diputado sostuvo que la gravedad de los hechos justifica activar el mecanismo constitucional.
Díaz cuestionó especialmente la contradicción entre las medidas adoptadas y los compromisos presidenciales sobre seguridad y protección de la infancia. También exigió la salida del ministro Rabat y del subsecretario de Justicia, Luis Silva. Ambos participaron, dentro de sus respectivas competencias, en la tramitación y suscripción de los decretos cuestionados.
La bancada anunció que buscará coordinar la presentación del libelo con los demás sectores opositores. La sesión especial de este miércoles en la Cámara de Diputados permitirá conocer las explicaciones del ministro y los próximos pasos parlamentarios. Sin embargo, la viabilidad de la acusación dependerá tanto de sus fundamentos constitucionales como de los votos que consiga reunir.
Oficialismo dividido complica defensa de Rabat
La ofensiva contra Rabat no enfrenta únicamente al Gobierno con la oposición. Parlamentarios de Renovación Nacional y sectores vinculados a la UDI también han cuestionado la permanencia del ministro. Algunos incluso han abierto la posibilidad de respaldar la acusación constitucional.
Entre los diputados que solicitaron su salida figuran Eduardo Durán y Claudia Mora, de RN, junto con Omar Sabat y Marlene Pérez, vinculados a la UDI. Durán recomendó al ministro abandonar el cargo, aunque evitó anticipar su voto. Sabat calificó las rebajas de condenas como un «error garrafal» y sostuvo que Rabat debe dejar el ministerio.
La diputada Claudia Mora fue igualmente categórica: «La permanencia del ministro Rabat es insostenible. La credibilidad del Gobierno está en juego y la magnitud del error no deja otra alternativa». Por su parte, Marlene Pérez pidió al Ejecutivo reconsiderar la continuidad del secretario de Estado. Las declaraciones evidencian que el respaldo parlamentario al ministro está lejos de ser uniforme.
Hotuiti Teao abre la puerta a votar la acusación
El diputado Hotuiti Teao, independiente vinculado a la UDI, fue más allá de las exigencias de renuncia. El parlamentario manifestó expresamente su disposición a votar favorablemente una acusación constitucional contra Rabat. Sin embargo, precisó que su decisión definitiva dependerá del contenido del libelo.
«Si hoy día hubiera una acusación constitucional, obviamente que yo la votaría a favor», afirmó en declaraciones a T13.
Su pronunciamiento adquiere especial relevancia porque distingue la responsabilidad política de la eventual responsabilidad constitucional. Mientras varios parlamentarios oficialistas reclaman la salida del ministro, Teao manifestó disposición a respaldar el mecanismo destinado a establecer esta última. Esa diferencia podría resultar decisiva durante la tramitación en la Cámara.
Las diferencias también alcanzan al Senado
La senadora María José Gatica, de Renovación Nacional, cuestionó igualmente la permanencia del ministro de Justicia. «Esperaba que el ministro de Justicia asumiera el costo político, que diera un paso al costado», declaró. Su postura generó tensiones internas que terminaron con la renuncia de Andrés Longton a la subjefatura del comité de senadores de RN.
El senador independiente Rojo Edwards, integrante del mismo comité, también exigió responsabilidades políticas. «La magnitud del error es tan grande que creo que el ministro no debiese seguir», afirmó. Sin embargo, descartó respaldar una acusación constitucional porque considera que el Gobierno actuó dentro de sus atribuciones legales.
Las posiciones reflejan una diferencia que puede resultar determinante para el futuro del ministro. Exigir su renuncia no significa necesariamente votar a favor de una acusación constitucional. No obstante, los cuestionamientos desde el propio oficialismo dificultan la defensa política que La Moneda intenta sostener.
UDI pide escuchar la defensa del ministro
En medio de las críticas oficialistas, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, llamó a escuchar las explicaciones de Rabat antes de adoptar decisiones sobre su continuidad. El parlamentario evitó anticipar un pronunciamiento definitivo y defendió la necesidad de permitir que el secretario de Estado exponga sus argumentos.
«Lo mínimo es escucharlo, darle la oportunidad de que se defienda», afirmó Ramírez durante la Enade 2026.
El dirigente reconoció que el Gobierno enfrenta un momento complejo, pero expresó confianza en que podrá superar la controversia. Su postura contrasta con las exigencias de renuncia formuladas por otros parlamentarios del sector. La diferencia revela las dificultades para construir una posición común frente a la crisis.
Rechazo ciudadano alcanza también al Presidente
La encuesta Cadem del 27 de octubre muestra que el cuestionamiento ciudadano no se limita al ministro. Un 64% rechaza la decisión presidencial de mantenerlo en su cargo, mientras un 27% la respalda. Entre quienes conocieron la declaración de Kast sobre la controversia, un 72% consideró insuficientes sus explicaciones.
Otro resultado incorpora una dimensión jurídica al debate. Un 79% de los encuestados considera que Rabat no estaba obligado a firmar los decretos, frente a un 14% que cree lo contrario. Esa percepción contrasta con la interpretación defendida por el ministro, quien sostiene que la legislación limita sus posibilidades de denegar los beneficios.
La ciudadanía también se pronunció sobre las medidas correctivas. Un 65% mencionó impedir nuevas rebajas y un 54% propuso buscar mecanismos legales para revertir las ya concedidas. Asimismo, un 79% respaldó una modificación constitucional destinada a impedir beneficios de esta naturaleza.
Crímenes de lesa humanidad también generan rechazo
Las rebajas de condenas a responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura incorporaron otra dimensión a la controversia. Estos casos plantean interrogantes adicionales sobre la compatibilidad de los beneficios con las obligaciones internacionales de Chile. También han intensificado los cuestionamientos políticos a las decisiones del Ministerio de Justicia.
El rechazo ciudadano a beneficios para condenados por violaciones de derechos humanos aparece igualmente en las encuestas. Según Agenda Criteria del 25 de octubre, un 61% se opone a indultar a militares condenados por estos delitos, mientras un 28% respalda esa posibilidad. El rechazo aumentó dos puntos respecto de septiembre, cuando alcanzaba el 59%.
Aunque el indulto y la reducción administrativa de condenas constituyen mecanismos jurídicos distintos, ambos debates plantean interrogantes sobre el cumplimiento efectivo de las penas. Tratándose de crímenes de lesa humanidad, corresponde examinar además los estándares internacionales aplicables y las obligaciones de investigación, sanción y reparación. La legalidad de cada beneficio debe evaluarse considerando sus circunstancias concretas y el marco jurídico correspondiente.
Extorsionistas suman otro flanco a la crisis
Una investigación de Interferencia identificó a tres ciudadanos venezolanos beneficiados con reducciones de condena. Los sujetos habían intimidado a mujeres migrantes en La Serena, exigiéndoles pagos y presentándose como integrantes del Tren de Aragua. La justicia los condenó por robo con intimidación y delitos vinculados al porte ilegal de armas y municiones, no por pertenecer a esa organización criminal.
Los decretos redujeron las penas de los tres condenados, aunque solo dos recuperaron anticipadamente su libertad en septiembre. El tercero obtuvo una reducción de nueve meses, pero su nueva fecha de salida quedó fijada para marzo de 2027. Los antecedentes penitenciarios incluían infracciones disciplinarias y, en uno de los casos, el rechazo previo de una solicitud de libertad condicional.
La revelación amplió las preguntas sobre los criterios utilizados para otorgar las rebajas. También incorporó a la controversia la política gubernamental contra el crimen organizado, una de las principales promesas de Kast. La oposición exige establecer cómo se evaluaron los antecedentes y qué responsabilidades corresponden a las autoridades que suscribieron los decretos.
Los decretos y la responsabilidad del Gobierno
Rabat ha defendido la legalidad de sus decisiones mediante una interpretación de la normativa vigente sobre reducción de condenas. Según su explicación, el Ministerio no puede denegar los beneficios cuando se cumplen los requisitos legales y no concurre una causal de exclusión. Los decretos también invocan jurisprudencia judicial para respaldar esa interpretación.
Sin embargo, la controversia no se agota en determinar si las resoluciones se ajustaron formalmente a la ley. Los parlamentarios cuestionan los criterios de aplicación, la revisión de antecedentes y las responsabilidades de las autoridades. La acusación constitucional deberá identificar infracciones concretas a los deberes ministeriales, más allá del rechazo que generan las decisiones.
El Presidente reconoció que el Estado falló a las víctimas, pero mantuvo a Rabat al frente del Ministerio de Justicia. También le encargó revisar las decisiones cuestionadas y promover medidas para enfrentar sus consecuencias. Esa determinación se convirtió en otro foco de críticas, según reflejan las cifras de Cadem.
Los votos definirán el futuro de la acusación
La incorporación de la Democracia Cristiana fortalece la coordinación opositora, pero todavía no asegura la aprobación de la acusación constitucional. Según estimaciones parlamentarias difundidas por La Tercera, la oposición reúne alrededor de 64 votos. Si asisten los 155 diputados, necesitaría sumar otros 14 para alcanzar la mayoría requerida.
En ese escenario, las posiciones de parlamentarios oficialistas y del Partido de la Gente adquieren especial importancia. Sin embargo, las declaraciones favorables a la renuncia del ministro no constituyen compromisos automáticos de respaldo al libelo. La definición dependerá de los fundamentos jurídicos que presente la oposición y de las explicaciones de Rabat.
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Si la Cámara aprueba la acusación, corresponderá al Senado pronunciarse sobre la responsabilidad constitucional del ministro. Para declararlo culpable se requiere la mayoría de los senadores en ejercicio, conforme al artículo 53 de la Constitución. La eventual renuncia de Rabat tampoco impediría continuar el procedimiento, pues la Carta Fundamental permite acusar a un ministro hasta tres meses después de abandonar el cargo.
La crisis, por tanto, ya no enfrenta exclusivamente a La Moneda con la oposición. El Gobierno también debe responder a las críticas de sus propios parlamentarios y al rechazo ciudadano frente a las rebajas de condenas. La continuidad de Rabat depende de una decisión presidencial, mientras su eventual destitución constitucional quedará en manos del Congreso.
