“La situación del ministro Rabat es, desde la perspectiva de la evaluación ciudadana, insostenible», advirtió Camilo Feres, director ejecutivo de la encuesta Descifra.
«No solo una abrumadora mayoría está en desacuerdo con la decisión del presidente de mantenerlo en el cargo, sino que también el respaldo a una acusación constitucional (AC) resulta mayoritario con dos tercios, cuestión que podría tener efectos políticos en medio de la disputa dentro del oficialismo por los eventuales descuelgues”, agregó.
Esas son parte de las conclusiones que arrojó el sondeo realizado el 28 y 29 de octubre por Copesa y Artool para evaluar la actuación del gobierno ante la firma de los decretos que concedieron rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
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Según la encuesta Descifra, 80% está en desacuerdo con que el presidente José Antonio Kast hyaa optado por la continuidad del ministro Fernando Rabat a la cabeza de la cartera de Justicia y solo 18% lo respalda. El 2% del panel, en tanto, no sabe o no responde.
Asimismo, 48% considera que la firma de los decretos se debió a una falta de criterio político para estimar el impacto de una rebaja en las condenas. El 24% afirma que ocurrió por un vacío legal que permitió a los condenados acceder al beneficio y 21% cree existió una intención deliberada de rebajar las penas a los beneficiados. El 6%, en tanto, estima que fue por otras cosas.
Frente al anuncio de las bancadas opositoras de presentar una AC contra el titular de Justicia, la encuestadora arroja que el 66% de los encuestados está de acuerdo con que esa sería la manera adecuada de sancionar el actuar del secretario de Estado, mientras que 31% cree que no es la forma. El 3% restante no sabe o no responde.
MÁS GRAVE QUE STEINERT, SEDINI Y DUCO
Decifra también pidió a los encuestados comparar la situación de Rabat con la que tuvieron en su momento las tres ministras que fueron removidas de sus cargo por el presidente Kast.
En ese sentido, respecto de la extitular de Seguridad Trinidad Steinert, que reconoció no tener un plan de seguridad, 53% de los participantes dijo que la acción del ministro de Justicia ees más grave, el 24% igual de grave y el 17% menos grave.
En cuanto a la exvocera Mara Sedini, 58% considera que son más graves las rebajas a las condenas que los errores de comunicación y controversias políticas; 23%, que son menos graves, y 13% que son igual de graves.
Sobre la exministra de Deportes Natalia Ducó, que utilizó un auto fiscal en un evento privado, el 58% consideró más grave lo sucedido en la cartera de Justicia; 22% que es menos grave y 14% igual de grave.
“Mirado en perspectiva, el caso del ministro de Justicia es evaluado por la opinión pública como más grave que el de las tres ministras que hasta ahora han sido separadas de sus cargos”, advirtió Feres.
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