El ministro Campos, Jaime Campos, se refirió a la controversia que enfrenta su par de Justicia, Fernando Rabat, tras la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. En entrevista con Radio Universo, cuestionó que la oposición no invitara al secretario de Estado a la comisión de Constitución del Senado y aseguró que esa decisión no limita sus atribuciones legales.
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Campos, quien también encabezó el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Michelle Bachelet, explicó que la Constitución permite a los ministros asistir a las sesiones de comisión y de Sala del Congreso cuando lo estimen necesario, sin requerir una invitación de los parlamentarios.
«La Constitución es muy clara sobre el particular, en el sentido de que los ministros de Estado asisten a las acciones de la Cámara o el Senado, tanto de comisión como de Sala, las veces que ellos lo estiman pertinente, sin que sea necesario contar con una invitación sobre el particular», afirmó.
Por esa razón, descartó que la decisión de no convocar a Rabat tenga consecuencias jurídicas. A su juicio, la calificación de persona non grata responde más bien a una señal comunicacional que no impide al ministro ejercer sus facultades.
El titular de Agricultura también recordó que, en su experiencia como secretario de Estado, una situación de ese tipo podía interpretarse como una señal de que los parlamentarios dejarían de solicitarle gestiones o favores.
Ministro Campos critica la polarización por el caso Rabat
Al analizar la crisis política, el ministro Campos reconoció que el escenario se encuentra complejo y advirtió que las posiciones se han radicalizado, lo que dificulta resolver los asuntos pendientes.
Además, cuestionó el nivel de hipocresía que, según dijo, existe detrás de las críticas contra Rabat. Sostuvo que el titular de Justicia actuó conforme a la Constitución y las leyes, por lo que no existirían fundamentos para impulsar una acusación constitucional en su contra.
Para Campos, el origen de la controversia no está necesariamente en la actuación del ministro, sino en las dificultades que presenta la legislación sobre rebajas de condenas. Según explicó, la normativa se remonta a una ley aprobada durante el gobierno de Ricardo Lagos, que dejó varios aspectos sujetos a la interpretación de los tribunales.
Entre los puntos que la legislación no habría definido con claridad, mencionó si la rebaja de condena constituye un derecho del condenado o un beneficio penitenciario; si el Ministerio de Justicia puede revisar el mérito de las decisiones de las comisiones de conducta, y desde qué momento deben contabilizarse los requisitos para acceder a este beneficio.
El ministro Campos planteó que estas indefiniciones permitieron que, durante años, los tribunales interpretaran la normativa y que el Ministerio de Justicia la aplicara de acuerdo con esos criterios jurisprudenciales.
También advirtió que un ministro no puede simplemente desconocer una disposición legal o buscar mecanismos para evitar su cumplimiento, ya que podría exponerse a una acusación constitucional.
Finalmente, cuando le preguntaron si habría firmado las rebajas de penas para condenados por abusos sexuales contra menores, Campos respondió que «habría tratado de buscar un pretexto».
