El Gobierno anunció un congelamiento de las alzas de los combustibles hasta el 3 de febrero de 2027, pero no consiguió detener el paro de camioneros. La propuesta busca contener el conflicto y aliviar los costos del transporte. Sin embargo, deja abiertas preguntas fundamentales: quién gana y quién paga el congelamiento y, agregaría otra pregunta: qué sucederá con los precios, cuando termine.
La fecha elegida tampoco resulta indiferente para los hogares. Febrero antecede a marzo y abril, meses que concentran importantes obligaciones familiares, especialmente las relacionadas con el inicio del año escolar, patentes, impuestos, etc. Una eventual reanudación de las alzas podría sumar nuevas presiones a presupuestos que ya enfrentan gastos elevados.
Además, el alivio prometido no comenzará inmediatamente. Los consumidores deberán pagar desde este jueves un incremento cercano a $42 por litro de diésel y $39 en las gasolinas. El Ejecutivo espera revertirlo la próxima semana, siempre que el Congreso apruebe oportunamente la nueva legislación.
El «acuerdo» que no consiguió detener el paro
La noche del miércoles, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, anunció que se había llegado a acuerdo y una serie de medidas tras reunirse con los transportistas movilizados. El Ejecutivo presentó los avances como resultado del diálogo y sostuvo que las nuevas condiciones quitaban justificación a las interrupciones del tránsito. Sin embargo, los dirigentes no comprometieron el término de las manifestaciones.
Cristián Sandoval, presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, había advertido durante las negociaciones: «Hasta el momento no hay ningún acuerdo. Hay buenas intenciones, pero no tenemos un acuerdo». La organización exigía congelar los precios durante al menos 120 días. También reclamaba una reducción efectiva del impuesto específico que grava los combustibles.
La diferencia no es únicamente de plazos. Mientras el Gobierno ofrece estabilizar temporalmente los precios, los transportistas buscan reducir sus costos permanentes de operación. Esa discrepancia explica por qué los anuncios oficiales no han bastado para poner término al conflicto.
Una semana de alzas que nadie devolverá
El nuevo incremento comenzó a regir este jueves, pese al anuncio gubernamental de que será revertido. Según explicó Alvarado, la corrección requiere aprobar y promulgar una ley antes de que pueda reflejarse en los precios. Si el Congreso cumple ese calendario, la disminución operaría desde el jueves 19 de noviembre.
Durante ese intervalo, quienes necesiten combustible deberán asumir el mayor precio. Un automovilista que cargue 50 litros de gasolina pagará aproximadamente $1.950 adicionales respecto del valor anterior. Un transportista que compre mil litros de diésel enfrentará un desembolso adicional cercano a $42.000.
La reversión posterior no implica, por sí misma, devolver el dinero pagado durante estos días. Tampoco permite que todos los consumidores posterguen sus compras hasta la próxima semana. Quienes utilizan vehículos para trabajar, trasladarse o distribuir productos no siempre pueden esperar.
¿Quiénes ganan con el congelamiento?
El congelamiento beneficiaría directamente a quienes compran combustibles, al evitarles nuevos incrementos durante su vigencia. Sin embargo, el ahorro absoluto dependerá del volumen consumido. Un gran operador de transporte puede evitar desembolsos considerablemente mayores que un automovilista particular, aunque también enfrenta costos operacionales distintos.
La propuesta incorpora, además, beneficios específicos para el transporte de carga. El Ejecutivo anunció que extenderá hasta diciembre de 2027 el mecanismo de recuperación del impuesto específico al diésel. También comprometió corregir los efectos tributarios que enfrentan transportistas cuando el componente del impuesto resulta negativo.
Estas disposiciones obligan a distinguir entre el beneficio general del congelamiento y los mecanismos tributarios destinados a determinados contribuyentes. También plantean una pregunta sobre los consumidores finales: ¿Cuánto del alivio recibido por las empresas llegará efectivamente a los precios de bienes y servicios?
El costo de congelar y la cuenta pendiente
El Gobierno deberá explicar cómo financiará el congelamiento y qué efectos tendrá sobre el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, conocido como Mepco. La respuesta resulta esencial para determinar si la medida absorbe definitivamente los incrementos o posterga parte de sus consecuencias. Ambas alternativas tienen implicancias económicas diferentes.
Si el Estado asume mayores costos, será necesario conocer su magnitud y la fuente de financiamiento. Si el mecanismo acumula diferencias que deban recuperarse posteriormente, corresponderá establecer cómo y cuándo se trasladarán a los precios. Sin el articulado definitivo y su informe financiero, no es posible resolver esas interrogantes. Por lo pronto, publicaciones especializadas calculan que el costo estimado de las medidas alcanza los US$750 millones.
Tampoco existe garantía de que congelar los combustibles reduzca automáticamente el precio de los alimentos o los servicios de transporte. Los costos que ya fueron incorporados a las tarifas pueden mantenerse. El efecto final dependerá de la competencia, los contratos y las decisiones de los distintos operadores económicos.
El alivio termina antes de marzo
El Ejecutivo fijó el 3 de febrero como fecha de término del congelamiento anunciado. El calendario sitúa el fin de la medida pocas semanas antes de uno de los períodos de mayor exigencia financiera para las familias. Marzo concentra gastos escolares, transporte, matrículas y diversas obligaciones que presionan los presupuestos domésticos.
Eso no significa que los combustibles necesariamente subirán al día siguiente del término del beneficio. Su evolución dependerá de las condiciones del mercado y de las disposiciones legales que finalmente se aprueben. Pero tampoco existe, hasta ahora, una garantía de que la estabilidad de precios se prolongue durante marzo y abril.
La discusión, por tanto, excede el conflicto con los camioneros. El Congreso deberá examinar quién financia la medida, cómo distribuye sus beneficios y qué ocurrirá cuando expire. Porque una pausa de casi tres meses puede entregar alivio inmediato, pero su verdadero alcance dependerá de si reduce los costos o simplemente posterga su impacto sobre las familias.
Los olvidados: Millones de hogares pagan sin llenar un estanque
El debate sobre los combustibles suele concentrarse en automovilistas, camioneros y empresas de transporte. Sin embargo, una parte considerable de los hogares chilenos carece de automóvil propio. Eso no significa que permanezcan ajenos a las consecuencias económicas de las alzas.
Según los datos de tenencia vehicular de la Casen 2024, procesados por la Biblioteca del Congreso Nacional, y las cifras del Censo del mismo año, alrededor de 3,05 millones de hogares chilenos carecen de automóvil propio. Representan aproximadamente el 46,2 % de los 6.596.527 hogares contabilizados en el país.
Estas familias no reciben directamente el beneficio de llenar un estanque a menor precio. Sin embargo, también soportan las consecuencias de las alzas de los combustibles, incorporadas a los costos del transporte de mercaderías y la prestación de servicios. El congelamiento tampoco garantiza que los menores costos lleguen efectivamente a sus bolsillos.
Y aquí surge una pregunta que afecta a millones de familias chilenas: si las alzas de los combustibles terminan incorporándose al precio del pan, las verduras y los servicios, ¿Quién garantiza que esos precios también bajen cuando disminuya el combustible?
