Nacional y economía

Justicia ha ordenado pagar $3,88 billones en pensiones de alimentos

María González

Periodista

pensiones alimentos
Imagen referencial creada con herramientas digitales
Esta cifra se da a cuatro años de la creación del Registro de Deudores

Este miércoles, el Poder Judicial informó que los tribunales de familia del país han ordenado pagos por más de $3,88 billones en pensiones de alimentos, en el marco de los mecanismos establecidos para el cobro de estas deudas.

Cabe precisar que el balance fue entregado al cumplirse cuatro años de la entrada en vigencia de la ley que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

En ese contexto, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, detalló que entre el 14 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026 se han ordenado pagos por $3.885.443.300.562. Esto, mediante los procedimientos contemplados en la Ley N° 21.484 sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos.

Del monto total, $3.063.238 millones corresponden al procedimiento extraordinario. Lo anterior, permite utilizar fondos de las AFP para saldar las deudas y que ha alcanzado a 307.734 representantes legales. 

En tanto, mediante el procedimiento especial, que contempla la retención de fondos bancarios e instrumentos financieros, se han ordenado pagos por $822.205 millones para 404.400 representantes legales.

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PAGO DE PENSIONES DE ALIMENTOS 

El balance también revela que los 141 tribunales con competencia en materia de familia han ordenado 728.700 inscripciones en el Registro Nacional de Deudores desde noviembre de 2022. De ellas, 376.644 permanecen vigentes y 352.056 han sido canceladas.

Según las estadísticas del sistema administrado por el Registro Civil, las causas vigentes acumulan actualmente deudas por $54.833 millones en pensiones de alimentos impagas.

Respecto de los resultados, Chevesich afirmó que “si bien la ley va en el camino correcto, no es suficiente. Pues se deben adoptar todas las medidas necesarias para respetar los derechos fundamentales de todas las personas. Y, en especial, de los niños, niñas y adolescentes”.

La presidenta del máximo tribunal también destacó el trabajo de los funcionarios judiciales y cuestionó la falta de recursos para implementar estas medidas.

“Como lo hemos dicho, no se dispusieron los recursos necesarios para hacer frente a la enorme tarea que implica obtener los resultados. Y, además, cumplir con las restantes tareas asignadas por las diferentes leyes dictadas en el último tiempo”, sostuvo.

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