Política

Suprema complica a Rabat por rebaja de condenas

Valentina Torres

Rabat comisión
Imagen referencial creada con herramientas digitales
El fallo obliga al Ministerio de Justicia a resolver una solicitud de reducción de pena y tensiona la suspensión impulsada por Rabat.

La Corte Suprema ordenó al Ministerio de Justicia pronunciarse sobre la solicitud de rebaja de condena presentada por Víctor Manuel Alarcón Torres, un hombre de 54 años condenado por la violación reiterada de la hija de su conviviente. La resolución suma presión al ministro Fernando Rabat, en medio de la controversia por la entrega de estos beneficios.

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Según publicó Ex-Ante, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó este martes la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que el 5 de noviembre ordenó a la cartera resolver en un plazo de 24 horas si concede o rechaza la reducción de pena solicitada por Alarcón Torres.

El Juzgado de Garantía de Villa Alemana condenó al hombre en 2024 a cinco años de cárcel por los delitos cometidos entre 2018 y 2021, cuando la víctima tenía entre 10 y 13 años.

En un recurso de amparo, la defensa argumentó que la conducta sobresaliente del condenado en la cárcel de Limache le permitiría acceder a una reducción de pena y que, por ese motivo, debería haber salido del recinto el 26 de octubre. Sin embargo, acusó que el Ministerio de Justicia no había emitido el decreto correspondiente, situación que consideró una privación ilegal de libertad.

La cartera apeló a la resolución de la Corte de Valparaíso y sostuvo que la Ley 19.856 y su reglamento no establecen un plazo específico para resolver estas solicitudes. Por ello, argumentó que todavía analizaba los antecedentes del caso.

El fallo presiona la suspensión anunciada por Rabat

La decisión de la Suprema representa un nuevo revés para la estrategia que impulsó el ministro Fernando Rabat. El 23 de octubre, el secretario de Estado anunció la suspensión de las rebajas de condena para personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de 18 años.

Rabat adoptó esa medida luego de que trascendiera que el Ministerio de Justicia había concedido 56 beneficios de este tipo durante su gestión. El caso provocó cuestionamientos de la oposición y dio origen a una acusación constitucional contra el ministro.

Durante noviembre, el Gobierno extendió la suspensión a los demás delitos mientras espera la tramitación del proyecto de ley “Nunca más”, iniciativa con la que La Moneda busca establecer una salida institucional a la controversia, independiente del resultado de la acusación constitucional.

El lunes 9, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, explicó que Rabat también decidió detener la emisión de cualquier decreto, luego de que el Ejecutivo comprometiera su respaldo al proyecto presentado por los senadores Arturo Squella, del Partido Republicano, y Andrés Longton, de Renovación Nacional, que busca eliminar completamente la ley.

Arenas señaló que la suspensión se mantendría hasta definir quiénes podrían acceder a los beneficios contemplados en la legislación general y quiénes quedarían excluidos por la excepción relacionada con delitos sexuales contra menores.

Qué resolvió la Corte Suprema

En su sentencia, la Segunda Sala estableció que el Ministerio de Justicia debe resolver la petición de Alarcón Torres conforme a la Ley 19.856 y su reglamento.

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá, a la brevedad, acoger o rechazar la solicitud de reconocimiento del beneficio de reducción de condena del amparado”, indicó el fallo.

De esta manera, los ministros Manuel Valderrama, María Cristina Gajardo, Jorge Zepeda y Dinko Franulic, junto con la abogada integrante Pía Tavolari, confirmaron la resolución que dictó la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 5 de noviembre.

Ese tribunal había ordenado al Ministerio de Justicia emitir, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la sentencia, el acto administrativo que resolviera la solicitud de reducción de condena.

Las diferencias dentro de la Segunda Sala

El caso también vuelve a poner sobre la mesa las distintas interpretaciones que han expresado los integrantes de la Segunda Sala sobre las rebajas de pena para condenados por delitos cometidos antes de 2022.

Ese año, durante el gobierno de Sebastián Piñera, entró en vigencia la norma que excluyó de estos beneficios a quienes cometieran delitos sexuales contra menores de 18 años.

El ministro Manuel Valderrama, quien llegó a la Corte Suprema a propuesta de la expresidenta Michelle Bachelet, ha respaldado el rechazo de estas solicitudes y, en la práctica, la aplicación de la restricción a condenas anteriores a la entrada en vigencia de la ley.

A ese criterio se han sumado María Cristina Gajardo y Jorge Zepeda, quienes inicialmente respaldaban las reducciones de condena para internos con buena conducta.

En cambio, el ministro Leopoldo Llanos, propuesto por Sebastián Piñera en 2019, ha votado a favor de conceder las rebajas de pena.

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