El Tribunal Constitucional (TC) cerró este jueves 19 de noviembre los alegatos sobre la exigencia de acreditar una “irreprochable conducta” para obtener el título de abogado. El pleno deberá resolver ahora si declara inconstitucional la disposición del Código Orgánico de Tribunales que establece ese requisito.
Según informó Radio Bío Bío, el TC ya cuestionó la aplicación de la exigencia en nueve fallos. La causa actual podría tener un alcance general, pues el tribunal debe decidir si elimina la disposición del ordenamiento jurídico. Para ello necesita el respaldo de cuatro quintos de sus integrantes, es decir, ocho de sus diez ministros. Tras el cierre de los alegatos, el pleno cuenta con 30 días para dictar sentencia.
CDE DEFIENDE EL REQUISITO
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), que representó a la Corte Suprema durante la audiencia, defendió la vigencia del requisito. El abogado Sebastián Soto sostuvo que la idoneidad profesional también comprende la conducta ética y que una persona puede infringir esos estándares sin cometer un delito. Citó los recientes casos que han puesto en cuestión la probidad de abogados e integrantes del Poder Judicial.
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El presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, planteó que, si el TC elimina la exigencia, las universidades deberían asumir la entrega del título profesional. A su juicio, mantener esa atribución en la Corte Suprema perdería sentido si el máximo tribunal deja de contar con la facultad de indagar en la conducta de quienes solicitan el título.
LOS LÍMITES DE LA REVISIÓN DE ANTECEDENTES
El relator del TC, José Francisco Leyton, señaló que la facultad de la Corte Suprema para solicitar antecedentes debe interpretarse de manera restrictiva. Explicó que las indagaciones deben ser pertinentes, necesarias y proporcionales para evaluar la idoneidad de cada postulante, y que deben excluir aspectos como sus convicciones políticas o religiosas.
Por su parte, el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Pablo Alarcón Jaña, apuntó a una tarea pendiente del Congreso. Señaló que la reforma constitucional de 2005 encomendó al legislador regular los estándares éticos para el ejercicio de las profesiones y que esa regulación sigue pendiente.







