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Contraloría oficia a Lincolao por acuerdo con OpenAI

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Lincolao Contraloría
Foto: Ministra Ximena Lincolao. Publicado en X por @min_ciencia
La División Jurídica de la CGR dio un plazo de diez días hábiles administrativos para responder.

La Contraloría General de la República (CGR) inició una revisión sobre el memorándum de entendimiento firmado entre el ministerio de Ciencia y la empresa tecnológica OpenAI, creadora de ChatGPT, y ofició a la ministra Ximena Lincolao para que entregue antecedentes detallados sobre el convenio.

El órgano contralor pidió el reporte luego de una presentación del diputado Jaime Araya (Ind.-PPD), que cuestionó la legalidad del memorándum de entendimiento firmado por la secretaria de Estado en San Francisco y solicitó determinar si esta contaba con las atribuciones necesarias para suscribirlo.

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La División Jurídica de Contraloría otorgó a la cartera que encabeza Lincolao un plazo de diez días hábiles administrativos, contados desde el 18 de noviembre, para responder a los cuestionamientos del parlamentario sobre el conveenio con OpenAI.

El requerimiento establece que el informe deberá contar con la intervención de la asesoría jurídica del ministerio y acompañar “todos los antecedentes necesarios para resolver la presentación”.

ARAYA: «NOS PREOCUPA»

“Nosotros hemos sido muy críticos respecto de la forma y el fondo del convenio que se ha firmado y, por lo tanto, me parece muy positivo que la Contraloría vaya a definir si la ministra actuó dentro de sus competencias y si tenía, particularmente, las facultades para firmar este tipo de convenios”, dijo al respecto el senador Araya.

“Hemos hecho muy presente que nos preocupan en extremo las cláusulas de confidencialidad, porque si se trata de entidades públicas firmando con empresas transnacionales de manera directa, sin mediar ningún proceso de contratación pública, lo menos que uno espera es que haya normas de transparencia”, añadió.

“Nosotros creemos que excedió por largo las competencias y facultades que le otorgan la Constitución y las leyes”, aseveró el parlametario.

Ahora será la Contraloría la que deberá determinar si la actuación de la titular de Ciencia se ajustó a las atribuciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

 

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