Hoy vence plazo para que gobierno ingrese indicaciones a Ley corta de Isapre que busca dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema que obliga a las isapres a ajustar sus planes a una tabla de valores única y devolver los dineros que se cobraron en exceso.
El pasado 20 de octubre se cumplía el plazo para que se ejecutara la sentencia, pero la ministra de Salud, Ximena Aguilera, solicitó una prórroga de dos semanas para realizar correcciones al documento, lo que permitiría, según los expertos, continuar con las operaciones del sistema privado de salud.
La comisión de Salud del Senado emitió hace unas semanas un informe que cifró las devoluciones que deben hacer las isapres a sus usuarios en US$451 millones, que es tres veces menos que la cifra entregada en una primera instancia por la superintendencia de Pensiones, que alcanzó los US$1.400 millones.
La devolución de los dineros, según el Senado, se debería hacer en el transcurso de una década, donde el sistema debería destinar US$ 45 millones anuales.
EN LA COMISIÓN DE SALUD ESTÁN CONFIADOS
El presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS) dijo que «tenemos buenas expectativas de que el Gobierno comprenda y asuma que hay un informe técnico muy sólido que ha hecho una evaluación después de meses de trabajo junto con las universidades, con académicos, con las propias isapres, el gobierno, el ministerio de Hacienda, que ha propuesto caminos».
Agregó además que lo importante es «que haya capacidad de generar un acuerdo razonable, que respete la dignidad de la gente, que no sea un perdonazo, porque no lo va a ser, pero al mismo tiempo garantice que la salud tiene dignidad para todos».
SUPERINTENDENCIA: PROPUESTA ES INVIABLE
La superintendencia de isapres, a través de un comunicado de prensa, reiteró al gobierno de «los alcances y efectos irreversibles que tendría el persistir en esta propuesta. Contrario a la experiencia en materia de salud, el proyecto que iniciará su debate no tiene lógica sanitaria ni persigue mejoramiento alguno».
«Como responsables de las coberturas de casi tres millones de afiliados, creemos que el fallo no puede ser transformado en un perjuicio para afiliados y pacientes. Con la fórmula propuesta todos pierden. La salud debe pesar sobre cualquier consideración ideológica, y eso pasa por buscar un mecanismo que permita cumplir el fallo, manteniendo el funcionamiento del sector privado de salud» concluyó.






