Miguel Crispi, jefe de asesores de la Presidencia, al fin asistió a la comisión investigadora del caso convenios de la Cámara. Se trató de un anticlímax.
En una sesión larga, Crispi contestó todas las preguntas. A algunos les gustó lo que dijo y a otros no, unas fueron buenas respuestas y otras (“tomé conocimiento de un rumor”) dejaron abiertas más interrogantes que las que cerraron.
¿Qué más se puede decir al respecto? Nada pasó. El asesor, cuidándose de caer en improvisaciones o de sorprender abriendo un flanco nuevo apto para las críticas, mostró a la comisión como lo que es: una instancia de evaluación de situaciones de alta exposición pública, donde se hace de todo, excepto investigar. No están de más, pero poca información adicional agregan.
¿Cuándo la comisión vivió su minuto de gloria? En el largo período previo en que Crispi se negó a asistir, basado en razones que muestran su escaso valor cuando la comisión sesiona con el asesor y nada digno de mención sucede.
La verdadera noticia y motivo de desgaste prolongado del gobierno fue el retardo en tratar con normalidad algo que, por error, se le dio el carácter de extraordinario.
Los parlamentarios fueron mucho más elocuentes comentando una invitación no aceptada que evaluando las contestaciones de Crispi. Hablaron más cuando no había nada que decir que cuando escucharon las respuestas solicitadas.
Incluso, en la etapa previa, el presidente de la comisión llegó a hilar tan fino que coqueteó con la posibilidad de no invitar nuevamente a Crispi si es que no lo hacía en función del puesto que desempeña. La publicidad justifica los medios.
El tiempo de decenas de autoridades y de funcionarios públicos se dilapidó sin utilidad alguna y sin que nadie pueda decir que salió más prestigiado en este episodio de como entró. Lo más preocupante es comprobar que nada de este desperdicio resultó necesario. Fue todo autoinfligido.
La pregunta que cabe hacerse es si este es un hecho aislado o si tropezar con los propios pies es el método usual de gobierno para ir avanzando. Lo que se ve usualmente es el empleo de la vía más difícil a disposición, evitando las soluciones rápidas y eficientes. Es como si hubiera un manual de procedimientos del Ejecutivo que incluyera la amplificación de errores iniciales.
El caso del paro de profesores en Atacama se está llevando las palmas. Que un gobierno de izquierda logre entrar en conflicto con su base de apoyo en la región más izquierdista del país es una hazaña al revés.
El Ministerio parece empeñado en ganarle al movimiento por desgaste como si el único que se estuviera desgastando fuera el movimiento.
Es cierto que no hay conflicto en el que un bando tenga toda la razón y el otro sea un dechado de errores, pero cuando los problemas se han ido acumulando y creciendo por tiempo prolongado, y es el gobierno el que debió asegurar que tal cosa no ocurra, no le es posible al Ministerio superar el conflicto sin rectificar.
Sin mejorar su gestión interna el Mineduc solo conseguirá treguas y no la paz. Con los mismos responsables del deterioro no se conseguirá la normalización. Pero se emplea el método Crispi: demorarse mucho, reaccionar tarde, pagar muchos costos y, al final, implementar lo que tuviste que hacer en un principio.
