Gobierno de Guyana ha amenazado con recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU por referéndum venezolano celebrado el domingo, en el que más del 95% de los votantes aprobaron la creación de una provincia venezolana en la zona en disputa del Esequibo.
El ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Anil Nandlall, declaró a la AFP que cualquier acción o intento de acción en virtud del referéndum requeriría recurrir al Consejo de Seguridad como parte perjudicada. «Exploraremos todas las vías disponibles y, obviamente, esa es una vía», indicó.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya jurisdicción en el caso Venezuela desconoce, ordenó al gobierno venezolano «abstenerse de cualquier acción que modifique la situación actualmente vigente» en el Esequibo y a ambas partes «abstenerse de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa».
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Nandlall afirmó que Guyana apelaría a los artículos 41 y 42 de la Carta de las Naciones Unidas, que permiten al Consejo de Seguridad tomar medidas militares y aplicar sanciones.
«Puede autorizar el uso de fuerzas armadas por parte de los estados miembros para ayudar a hacer cumplir las órdenes del tribunal», explicó el ministro.
Maduro insto a un acuerdo diplomático justo
Venezuela sostiene que el río Esequibo es la frontera natural, al igual que en 1777 cuando era una colonia de España, y se basa en el acuerdo de Ginebra de 1966, previo a la independencia de Guyana del Reino Unido, que establecía los términos para una solución negociada y anulaba un laudo de 1899 que fijaba los límites actuales. Mientras tanto, Guyana defiende ese laudo y busca su ratificación por parte de la CIJ.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó el lunes a «un acuerdo diplomático, justo, satisfactorio para las partes y amistoso», acusando a Estados Unidos de intervenir para favorecer a la empresa petrolera ExxonMobil en la disputa por vastos yacimientos de crudo en aguas en disputa.
Por su parte, el presidente guyanés, Irfaan Ali, expresó que «si Maduro opta por ignorar el orden internacional (…), será una gran injusticia para el pueblo de Venezuela», argumentando que el impacto de posibles sanciones agravaría la prolongada crisis de su vecino.
