La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de Inteligencia Económica Contra el Delito, que busca establecer un subsistema de inteligencia económica para rastrear el dinero ilícito, mejorando la coordinación entre instituciones y fortaleciendo sus facultades.
El proyecto, presentado por el Gobierno, establece un subsistema compuesto por la Unidad de Análisis Financiero y las Unidades de Inteligencia del Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos.
Estas unidades podrán intercambiar información entre sí y con otros organismos públicos, con el objetivo de recopilar y analizar información sobre actividades relacionadas con diversos delitos, como tributarios, aduaneros, económicos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos sobre control de armas, o delitos vinculados al crimen organizado.
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El proyecto también fortalece la Unidad de Análisis Financiero, ampliando su ámbito para incluir alertas asociadas al crimen organizado, junto con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, se le concede acceso a información protegida por secreto bancario sin autorización judicial cuando sea necesario para analizar operaciones sospechosas reportadas previamente.
El proyecto también introduce cambios para el Servicio de Impuestos Internos, estableciendo sistemas de trazabilidad obligatoria para sectores de difícil fiscalización o relacionados con el crimen organizado, y limitando las operaciones como Usuarios de Zona Franca para personas con antecedentes penales en el caso del Servicio Nacional de Aduanas.
El proyecto se estima que tendrá un impacto fiscal máximo de $1.481 millones en el primer año de implementación, reduciéndose a $1.200 millones durante el segundo año y en régimen. Estos fondos se destinarán principalmente a la contratación de personal y a la inversión en sistemas informáticos y de conectividad.
