Este viernes, pasado el mediodía, continuó la audiencia de formalización de los exmilitantes de Revolución Democrática Daniel Andrade y Carlos Contreras, en el marco de la investigación por líos de plata en los convenios entre el Ministerio de Vivienda y la fundación Democracia Viva por proyectos en campamentos de Antofagasta.
En la primera jornada, el persecutor Cristian Aguilar indicó que “es totalmente posible que la fiscalía con posterioridad solicite audiencia para formalizar a otras personas”.
El Ministerio Público había solicitado la prisión preventiva para los dos imputados, el otrora secretario regional ministerial de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y Andrade, representante legal de la fundación que se adjudicó por asignación directa los convenios indagados.
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La jueza Sissi Bertoglio-Talap Cortés dijo que hay “antecedentes fundados de la participación” de los imputados en los ilícitos indagados y decretó su prisión preventiva por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad.
La magistrada sostuvo que Contreras “no supervisó el correcto cumplimiento de las condiciones necesarias para suscribir los convenios, materializándose el fraude”.
Al exponer este viernes ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, la defensa de Daniel Andrade rechazó la idea de que el exdirigente estudiantil quiso favorecer a sus amigos, indicando que no tenía relación y no conoció a la mayoría de las personas que trabajaron en la fundación de la que era representante legal. Sobre los pagos a honorarios que correspondieron a la mayor parte de los dineros rendidos, argumentaron que todo proyecto funciona de esa forma.
El abogado Juan Pablo Roncone afirmó que la fundación ejecutó más de $131 millones, de los $426 millones pactados en los contratos en cerca de siete meses. Roncone sostuvo que se realizaron obras, encuestas y levantamiento de información.
“Y los $294 millones que no gastó están ahí a disposición del fisco”, señaló.
La defensa
En su exposición, el defensor también refutó los cuestionamientos que hizo la fiscalía por la profesión de cientista política de Paulina Cabrera, presidenta de la fundación y exasesora de la diputada Maite Orsini. “Tiene un magíster en urbanismo que tiene toda relación con el objetivo y la naturaleza de los convenios”, aseguró el abogado.
“Nadie repara en si él se quedó con dinero, si él obtuvo un beneficio económico, si los gastos se realizaron o no, el linchamiento público ocurre desde el comienzo”, expresó Juan Pablo Roncone, en alusión a Andrade y la exposición del caso.
Desde la defensa de Carlos Contreras, en tanto, se cuestionó la tesis del Ministerio Público respecto a la configuración de supuestos delitos de fraude al fisco, deslizándose que la fiscalía pudo haber acusado por “una negociación incompatible”.
La abogada Paula Olivares, aseguró que Contreras y Andrade no eran amigos y no habían dialogado desde mucho antes que se realizaran los convenios.
