El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, decretó una nueva medida cautelar al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, solicitada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), para evitar la enajenación de bienes de los principales acusados del escándalo de corrupción, evaluado en más de $766 millones.
Esta medida afecta al exjefe comunal y a varios exfuncionarios municipales, restringiendo la celebración de actos o contratos sobre sus propiedades, como la parcela de 5.073 metros cuadrados -avaluada en $185.856.648- de propiedad del exalcalde, allanada por la PDI en 2022. El tribunal ordenó a los Conservadores de Bienes Raíces proceder.
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El objetivo es prevenir que los imputados, acusados de asociación ilícita y fraude al fisco, dispongan de sus bienes antes de una futura demanda civil por parte del Estado, así como para cubrir posibles multas que se les atribuyan.
A pesar de su declaración, admitiendo haber recibido dinero de programas municipales, asegura que fueron esporádicos y de montos menores a los indicados en la formalización.
Sin embargo, estas declaraciones no le han otorgado beneficios legales, ya que sigue bajo investigación y ahora enfrenta ampliaciones de cargos por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Según explica el documento, que rescata, Mega Investiga, Torrealba habría recibido $3.485.770 de devolución de impuestos.
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
El pasado 16 de junio el CDE, en la segunda jornada de formalización, solicitó la prisión preventiva del exalcalde de la comuna de Vitacura, Raúl Torrealba.
El abogado Diego Acuña, comentó: «Habría liderado una organización criminal que tenía por finalidad defraudar al propio municipio a través de mecanismos que buscaban su propio beneficio y en contrapunto, perjudicar a la propia comunidad que lo había elegido en reiteradas ocasiones, a la que debía servir”.
Agregó que éste, “abusó de su poder público para obtener un beneficio particular, todo lo cual da cuenta de graves y sistemáticos actos de corrupción, altamente nocivos para la institucionalidad municipal, pues socava las bases del sistema y ataca la confianza que la sociedad ha depositado en sus instituciones».
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El seguimiento de estos avances judiciales será crucial para comprender el desenlace de este escándalo de corrupción y el impacto que tendrá en la administración de justicia.
