Nacional y economía

Eventual inhabilitación del fiscal Armendáriz no anula la formalización de Yáñez

Javiera Sanzana

El fiscal nacional, Ángel Valencia, expresó su desacuerdo este jueves con la decisión del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago de no ordenar la prisión preventiva para la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
«Hay que ser capaces de separar las aguas por el bien de nuestra democracia, de nuestras instituciones, las instituciones tienen que funcionar (…) El proceso judicial que se está llevando a cabo no puede afectar la labor del Estado en el combate a la delincuencia», comentó la ministra, Camila Vallejo.

Una posible inhabilitación del fiscal Xavier Armendáriz no anularía la formalización en curso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Esta decisión fue vista como una señal importante. No solo indicaba un cambio en la consideración inicial para definir la sucesión, sino que además llegó en un momento crítico: cuando el escritorio del fiscal tenía sobre la mesa la solicitud de la defensa del general director de Carabineros para remover a Armendáriz de la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

La solicitud fue presentada el 24 de noviembre por el abogado de Ricardo Yáñez, Jorge Martínez. El 6 de diciembre, Valencia respondió que revisaría los datos junto con los solicitados a la fiscalía mencionada.

Se le pidió también evaluar la continuidad de Ximena Chong, ya que la defensa de Yáñez consideraba que ambos fiscales no eran imparciales, dado que el general será formalizado el 7 de mayo.

ÁNGEL VALENCIA

Aunque Valencia no está sujeto a un plazo legal para tomar una decisión, fuentes del Ministerio Público confirmaron que está finalizando los detalles de su respuesta. Durante el fin de semana, estuvo trabajando en el asunto y determinando el mejor momento para dar su respuesta.

Sin embargo, es importante destacar que el fiscal nacional no se pronunciará sobre la posible inhabilidad de la fiscal Chong para continuar con la investigación, ya que por regulación solo tiene competencia para opinar sobre un fiscal regional, es decir, Armendáriz.

La inhabilitación de un fiscal adjunto está bajo la jurisdicción del fiscal regional correspondiente.

Independientemente de la decisión, desde la fiscalía aclaran que no habrá un impacto inmediato en la formalización de Yáñez por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio. Esto se debe a que una eventual inhabilitación de Xavier Armendáriz en el caso no puede invalidar una solicitud que ya fue presentada y aceptada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

En caso de que el fiscal nacional decida inhabilitarlo, otro fiscal será designado y obtendrá la autoridad para, si así lo considera, realizar modificaciones respecto a lo realizado por su predecesor.

FISCAL REGIONAL

En un escenario hipotético, el nuevo fiscal regional a cargo de la investigación sobre los altos mandos de Carabineros tendría la capacidad de modificar la solicitud presentada.

Podría añadir o eliminar imputados, cambiar la calificación legal, ampliar o reducir los hechos, pedir un cambio en la fecha de la audiencia o incluso solicitar que la audiencia no se lleve a cabo.

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En la práctica, si Ángel Valencia aceptara la solicitud de inhabilitar a Xavier Armendáriz, esto no invalidaría lo que se ha realizado hasta el momento, sino que simplemente implicaría un cambio en el fiscal regional encargado del caso.

Frente a esta situación, el fiscal nacional ha buscado restar dramatismo, señalando: «Todos los fiscales regionales y adjuntos cuentan con mi respaldo en general. Una cosa es la institución, otra cosa es la situación de un fiscal en particular».

RICARDO YÁÑEZ

En cuanto al futuro del general director de Carabineros, el gobierno ha destacado la importancia de preservar la institución y mantener el enfoque en la agenda de seguridad. Tanto el ministro Luis Cordero en una entrevista con La Tercera como la vocera de gobierno, Camila Vallejo, en Radio Nuevo Mundo, han subrayado la necesidad de separar el proceso judicial de la labor del Estado en la lucha contra la delincuencia.

La ministra Camila Vallejo afirmó: «Hay que ser capaces de separar las aguas por el bien de nuestra democracia, de nuestras instituciones, las instituciones tienen que funcionar (…) El proceso judicial que se está llevando a cabo no puede afectar la labor del Estado en el combate a la delincuencia»

«Lo importante es que aquí hay una fiscalía, que es autónoma, y que ha presentado una solicitud de audiencia de formalización. Son fiscales que han estado hace años en una investigación en materia de derechos humanos (…) y eso tiene que tener una respuesta de la justicia», finalizó Vallejo.

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