El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), solicitó a Contraloría que reconsiderara iniciar un procedimiento disciplinario por eventuales responsabilidades administrativas, argumentando que el problema es con el Ministerio del Interior.
Recordemos que esta jornada, la Contraloría General de la República (CGR) dio cuenta de un informe en el que reveló problemas en torno a las pensiones de gracia otorgadas pos Estallido Social.
Dentro de sus indagatorias, descubrieron que para 10 de los beneficiados no se presentaron antecedentes médicos para respaldar el relato del postulante a la pensión de gracia.
Es precisamente sobre ese punto que la CGR indicó la intención de realizar un procedimiento disciplinario al INDH.
Frente a ello, el organismo argumentó: «Como puede apreciarse, el otorgamiento del beneficio de la pensión de gracia, previsto en las glosas presupuestarias, estaba radicado en el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, que ejecuta esta tarea a través del Departamento de Acción Social, y de la comisión especial asesora».
«El INDH no tenía ni tuvo intervención alguna en este proceso, restringiéndose su actuación a la acreditación de la calidad de víctima de violación a los derechos humanos de las personas afectadas y que lo requirieren», agregó.
Luego enfatizó: «A este último respecto, es importante señalar que todas las pensiones otorgadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por decisión de esa cartera, lo fueron en virtud de la glosa de personas afectadas en el contexto de las manifestaciones y no conforme a la de víctimas acreditadas por el INDH».
Es decir, para el INDH, el problema recae en el Ministerio del Interior.
VÍCTIMAS POR SUFRIMIENTO EMOCIONAL
Además, de responsabilizar de todo al Ministerio del Interior, el INDH explicó sus funciones, asegurando que al ente «sí le es posible acreditar la condición de víctimas de violaciones a los derechos humanos de los casos conocidos en el ejercicio de sus funciones y esto, con independencia del resultado de las acciones penales seguidas, eventualmente, en dichos casos».
«De acuerdo con la regla transcrita, para acreditar a una persona como víctima de violación de sus derechos humanos, para efectos de optar al beneficio previsto en las glosas presupuestarias citadas, uno de los criterios que se requería probar era la existencia de un daño provocado por acciones u omisiones de las características arriba indicadas», añadió luego.
En línea con lo anterior, recordó que, según la ONU, «se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales».
Y es por eso que «el sufrimiento emocional podía constituir por sí solo a una persona en víctima de violación de sus derechos humanos».
En consideración de lo anterior es que, apuntaron a las querellas presentadas donde se incluyó el relato de las víctimas que recibieron el beneficio.
«El INDH utilizó en los casos con querella presentada por la institución -como ocurre en los diecinueve casos observados originalmente- los mismos documentos y evidencias de que dispuso en los procesos judiciales en curso, contando con la colaboración e información aportadas por organismos vinculados a la atención de las víctimas como el Programa Integral Reparación Ocular (actual PACTO), dependiente del Ministerio de Salud, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, del Ministerio Público, y el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD), del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, efectuando las coordinaciones necesarias para ello», explica.
