La Contraloría General de la República detectó irregularidades financieras por un total de 3.426.262.140 pesos en la Municipalidad de Mostazal, región de O’Higgins, dirigida por el Independiente Santiago Gárate Espinoza,
El informe del ente contralor señaló específicamente el uso indebido de recursos provenientes de la ley sobre casinos de juego.
Detalles de las irregularidades
Según el documento, se identificaron transferencias inapropiadas a la Corporación de la Cultura de Mostazal por un monto de 300 millones 250 mil pesos.
De esta cantidad, 122 millones de pesos corresponden a un convenio entre la corporación y el municipio, contraviniendo la finalidad legalmente establecida.
En consencuencia, la municipalidad debe ahora reembolsar estos fondos a la cuenta designada para su manejo.
Además, se constató que el municipio realizó transferencias por 415.940.000 pesos a su Departamento de Administración de Educación Municipal para 6 proyectos.
De estos 6 proyectos no existan rendiciones de cuentas que clarifiquen el uso de estos recursos.
Por lo tanto, la Contraloría señala que 60.940.000 pesos tuvieron un destino incierto.
Por otro lado, en el ámbito de la salud, se transfirieron 381.594.000 pesos al Departamento de Salud de Mostazal, pero no se usaron durante 2022.
Asimismo, falta claridad sobre el destino de 104.255.067 pesos supuestamente ejecutados en febrero de 2023.
La investigación también reveló el uso de 220.962.006 pesos de fondos de casinos para el mejoramiento de áreas verdes y otros servicios urbanos, y 651.812.040 pesos en servicios de recolección y limpieza, no se ajustaron a los fines legales previstos.
En cuanto a la entrega de viviendas sociales por $131.673.436, no se verificó la recepción adecuada por los beneficiarios.
Finalmente, se detectaron anomalías en la compra de tres inmuebles por parte de la municipalidad entre 2018 y 2020, por un valor de 1.335.105.591 pesos, incluyendo discrepancias en las tasaciones y el uso de los bienes adquiridos.
Estos hallazgos han sido enviados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones legales pertinentes.
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