Francia avanza en la legalización de la muerte asistida.
El Gobierno de Francia decidió avanzar en la legalización de la muerte asistida, la cual se llevaría a cabo a través de un dispositivo condicionado a un dictamen médico.
Este proyecto está enfocada exclusivamente en los enfermos terminales, por lo que no tiene relación con la eutanasia y el suicidio asistido, los cuales son autorizados en otros países.
La ministra de Trabajo y Sanidad, Catherine Vautrin, al presentar el proyecto de ley sobre «el fin de la vida», el cual deberá ser debatido en el pleno de la Asamblea Nacional a finales de mayo, subrayó que:
«No es un suicidio porque, aunque es la persona la que lo solicita, necesita un dictamen médico».
La ministra insistió que el objetivo del proyecto, es poder entregar una asistencia permanente al dolor de las personas con un diagnóstico terminal.
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PROYECTO
Entre los pilares del proyecto, se encuentra el reforzamiento de los servicios de cuidados paliativos.
A los cuales, se le entregará una dotación adicional de 1.100 millones de euros, los que se añadirán de forma progresiva durante 10 años.
Esto significa un incremento del 64%, lo que es superior al alza del número de beneficiarios, el cual se espera que pase de 380.000 personas al año actualmente a 450.000 en 2034.
“AYUDA A MORIR”
Para poder acceder a la “ayuda a morir”, será necesario cumplir con cinco condiciones:
1. Ser mayor de edad.
2. Ser residente en Francia o de nacionalidad francesa.
3. Certificar que el paciente tiene una afección grave, mortal a mediano plazo (en 6 a 12 meses).
4. Sufrir dolores «insoportables y refractarios al tratamiento».
5. Contar con la evaluación de un médico, el cual necesita consultar con otro especialista y un enfermero, antes de emitir el dictamen sobre si puede recetar la sustancia que provocará la muerte.
La ministra advirtió que «si el dictamen médico es negativo, no se podrá solicitar la ayuda para morir».
EXCLUIDOS
Las personas que sufren de enfermedades psiquiátricas quedan excluidas de poder acceder al procedimiento.
De hecho, el médico tendrá que comprobar en cada momento que el demandante cuenta con «capacidad de discernimiento».
En el proyecto, se estima que el solicitante será el encargado de administrarse la sustancia letal.
Pero, en caso de no poderlo hacer, lo realizará «un médico, un enfermero o una persona voluntaria».
