Diez de los once gendarmes que estaban disfrutando de sus vacaciones en el penal Santiago 1 han retomado sus labores, luego de que la dirección de Gendarmería decidiera despedirlos debido a su participación en una fiesta donde se encontraron alcohol y drogas.
Aunque la decisión de destitución estuvo pendiente de confirmación por parte de la Contraloría General de la República (CGR) durante más de un mes, según fuentes internas de Gendarmería.
Estos gendarmes comenzaron una huelga de hambre el 12 de marzo, denunciando irregularidades en el proceso disciplinario después de recibir la notificación de destitución por parte del Director Nacional de Gendarmería, el coronel Sebastián Urra Palma, medida poco común en la actual administración de la institución.
SANTIAGO 1
Sin embargo, los huelguistas fueron rápidamente concedidos con vacaciones por orden del alcaide subrogante del penal Santiago 1, el comandante José Quijada. Esta ausencia fue registrada en el sistema de sueldos como feriados legales.
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En las últimas semanas, diez de ellos han regresado a sus puestos sin mayores contratiempos, con uno aún en licencia médica. Fuentes internas advierten sobre los riesgos de la demora en el proceso, al mantener a funcionarios trabajando en el penal a pesar de la alta probabilidad de ser destituidos.
PROCESO DISCIPLINARIO
El proceso disciplinario se inició después de que en marzo de 2022 fueran sorprendidos participando en una fiesta en una residencia oficial de la institución, donde se encontraron un gramo de ketamina, cervezas, botellas de whisky, vino y tequila.
Uno de los once funcionarios investigados, el Sargento Segundo Alex Vega, se postuló como parte de la Lista A para las Elecciones Nacionales de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), cuyos resultados aún no han sido publicados.
La lista ganadora dirigirá el gremio durante los próximos dos años.
10 INVOLUCRADOS
Los otros diez involucrados son: el Cabo Matías Ramos, el Cabo Segundo José Ortiz, los Gendarme Primero Mathías Garcia, Alejandro Morales, Ignacio Domínguez y Daniel Gallardo; los Gendarme Segundo Raúl Alcaino, Javier Caamaño y Solen Pérez, y el Sargento Segundo Pedro Abarzua.
Aunque los hechos por los que los funcionarios podrían ser destituidos son graves, aquellos con al menos 20 años de servicio tendrán derecho a recibir una pensión de jubilación. La normativa indica que esta pensión aumenta según los años de servicio después de las dos décadas, y un despido no impide este beneficio.
El proceso disciplinario está actualmente en manos de la Contraloría, mientras los funcionarios continúan trabajando a la espera de su conclusión, según informó Gendarmería a Radio Bío Bío. La institución afirma tener una política de tolerancia cero hacia la corrupción y cualquier conducta que se aparte del deber ser, razón por la cual se solicita la destitución.
