Un grupo de parlamentarios de la UDI ingresó una denuncia ante la Contraloría por la aplicación deficiente de los inhibidores de señales de teléfonos celulares en cárceles, pues funcionarían solo en horario de almuerzo. En respuesta, el organismo inició una investigación al respecto.
El sistema comenzó a funcionar en abril pasado en tres cárceles de la región Metropolitana, según confirmó el ministro de Justicia, Luis Cordero. Su finalidad: poner coto a los abundantes delitos que son coordinados por delincuentes que se encuentran tras las rejas.
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El proceso fue supervisado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para no afectar las señales de celulares del entorno de los recintos carcelarios e implicó el uso de tecnología israelí por un costo aproximado de $10 mil millones. Esta no solo inhibe las señales de los teléfonos celulares, sino que también su georreferenciación.
A MEDIA MARCHA
La denuncia de los diputados Juan Manuel Fuenzalida, Juan Antonio Coloma, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez y Henry Leal apunta a que el proceso estaría funcionando “a medias”, informó radio Bío Bío.
“Hemos tomado conocimiento que el proceso de instalación de inhibidores de señales telefónicas en recintos penitenciarios, así como el funcionamiento de dichos dispositivos, ha presentado retrasos y obstáculos desde que el Gobierno anunció el plan que permitiría materializar esta importante medida para combatir a integrantes de peligrosas bandas del crimen organizado que siguen operando desde las cárceles en coordinación con otros miembros de asociaciones que se encuentran en el exterior”, acusaron.
“La denuncia que hemos recibido expone que el 30% de los dispositivos serían encendidos, pero de manera intermitente, por lo que en algunos momentos del día no se encontrarían operativos, funcionando solo en horario de almuerzo del personal de Gendarmería, desde el mediodía hasta las dos de la tarde -aproximadamente-«, añadieron.
“A su vez, no se estaría logrando la neutralización o interferencia efectiva de las señales en todos los sectores, ya que todavía hay casos en que internos realizan grabaciones con celulares, cuyo registro ha sido difundido, incluso, por redes sociales”, recalcaron.
De hecho, es posible encontrar videos de internos realizados al interior de los recintos penales, que son compartidos por sus redes sociales.
La implementación del sistema tuvo en alerta a Gendarmería ante la preocupación por un posible motín en el interior de las cárceles donde se instalarían de los inhibidores de señal.
TOHÁ: «SE EVITARON RIESGOS ENORMES»
“Hay que decir que es primera vez en Chile que se empiezan a instalar inhibidores de señal. Y uno esperaría que esa iniciativa se apoye para sacarla adelante. Los parlamentarios tienen todo el derecho de ir a la Contraloría a plantear sus dudas. Pero uno esperaría, de vez en cuando, que se busque respaldar y buscar colaborar con sacar adelante acciones tan relevantes”, dijo al respecto la ministra del Interior, Carolina Tohá.
“Hace ya poquísimos días que esto está en pleno funcionamiento. Estuvo en un pilotaje por varias semanas. Se evitaron riesgos enormes que había de motines, de acciones violentas en respuesta, en represalia, a esta acción del Estado que por primera vez impide que desde las cárceles se siga delinquiendo, se sigan digamos construyendo estrategias para cometer delitos”, agregó.
La ministra destacó que la implementación afecta a la fecha al 20% de la población penal del país y dijo que esperan que al terminar la administración del Presidente Gabriel Boric llegar al 80%.
