En la primera parte de la audiencia de formalización de los doce excarabineros que fueron detenidos por delitos como cohecho, falsificación de instrumento público, apremios ilegítimos, hurto, tráfico de drogas y detención ilegal, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para once de ellos.
Para el restante se pidió arresto domiciliario nocturno, porque presuntamente habría colaborado con la investigación.
Lea también: Corte Suprema paraliza investigación civil en muerte de Franco Vargas
Hay un último funcionario involucrado en este caso que se encuentra prófugo, por lo que la lista de implicados en llega a trece.
Entre los investigados hay dos subtenientes, un sargento y varios cabos primero y segundo, quienes formaban parte del Escuadrón de Control de Orden Público, una unidad perteneciente a la 2° y 3° Comisaría dedicada a ejercer labores de control en el Barrio Meiggs.
COHECHO EN EL BARRIO MEIGGS
La investigación que llevó a la captura de los excarabineros estuvo liderada por la fiscal Marcela Adasme, fiscal jefa de Análisis Criminal de la Fiscalía Centro Norte, en conjunto con Asuntos Internos de la policía uniformada.
Entre los cargos, en el de cohecho se informó que cobrarían cerca de $1,6 millones a comerciantes chinos del concurrido barrio comercial a cambio de seguridad.
En representación de los locatarios afectados, la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs declaró que la acción de los policías derivaba en extorsiones y amenazas.
«Los carabineros se restaban de la labor de control y prevención del delito, dejaban abandonados algunos sectores del barrio y luego se acercaban a los comerciantes, en este caso chinos, y les ofrecían servicios de protección, precisamente para cuidar sus tiendas, de que no sufrieran robos. Ellos mismos dejaban de ir y después cuando iban, cobraban», relató Adolfo Numi, presidente de la agrupación.
«Con el tiempo, esos servicios de protección se transformaron en una extorsión. Cuando (los locatarios) no pagaban, se producen situaciones muy graves, como que va al local un grupo grande de carabineros, los toman detenidos, pero en realidad no son detenidos, sino que se los llevan en las radiopatrullas, toman a algunos parientes también detenidos, los amenazan, los sacan a dar una vuelta, los presionan para que paguen», denunció.
El tribunal decretó un receso de la audiencia hasta el lunes 27 de mayo para discutir las medidas cautelares que se solicitan para los formalizados.
Esto se produjo porque la defensa no contaba con la carpeta investigativa para contrargumentar debidamente.
