Jadue corre contra el tiempo para no perder la alcaldía. Su defensa espera obtener su libertad sin mayores restricciones antes del 18 de julio.
Agitados días vive el alcalde de Recoleta de cara a la revisión de sus cautelares personales.
No solo es la libertad lo que está en juego, también la alcaldía.
Tras ser encarcelado el pasado 3 de junio acusado de diversos delitos de corrupción por la jueza del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, comenzó a correr en paralelo un plazo fatal que lo tiene en la encrucijada.
Más aún, cuando la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por unanimidad, ratificaron las medidas cautelares.
La Ley 18.695 estable que: “Cuando el alcalde se encuentre afecto a una incapacidad temporal superior a cuarenta y cinco días, el concejo designará, de entre sus miembros, un alcalde suplente, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio en sesión especialmente convocada al efecto”.
Y esos 45 días vencen el próximo 18 de julio.
Por ello el recluido alcalde comenzó una carrera legal frenética por revertir la prisión preventiva, pero, además, que se le fije cualquier otra cautelar que lo prive igualmente de la libertad, como el arresto domiciliario total, e incluso, la prohibición de acercarse al municipio.
El próximo 18 de julio expiran los 45 días que tiene el alcalde Daniel Jadue (PC) para regresar a sus funciones antes que se nombre a un nuevo alcalde, suplente.
A ello se debe que haya abandonado, por ahora el discurso político para justificar su prisión y lo reemplace por uno jurídico, que cuestiones las razones de su privación de libertad.
Cambio en la estrategia
Para ello, contrató un equipo jurídico a cargo del penalista Juan Carlos Manríquez, de vasta experiencia en casos emblemáticos.
Pero no será el único frente que abordará, pues en paralelo se alista un recurso ante el Tribunal Constitucional y otro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero la urgencia la tiene la revisión de la medida cautelar que lo afecta por 5 delitos de corrupción.
Tanto así, que incluso dejó de administrar sus cuentas sociales y las entregó a su familia y el Partido Comunista, en el cual milita, para enfocarse de lleno en su defensa, esta vez, jurídica.
Una libertad cuesta arriba
Jadue fue formalizado por los delitos de cohecho, estafas reiteradas, fraude al fisco, administración desleal y delito concursal, en su calidad de expresidente de la asociación de municipalidades con farmacias populares.
De completarse el plazo y con Jadue aún incapacitado para reasumir, se deberá elegir entre los concejales a un alcalde suplente.
Nadie duda que será del PC, partido que tiene la mayoría entre los concejales y quien corre con ventaja es el actual candidato del oficialismo, el PC Fares Jadue.
El nuevo equipo
El abogado que comenzó con la defensa de Jadue, Ramón Sepúlveda, quedará relegado a funciones menores.
La defensa Sepúlveda se basó más razones políticas que jurídicas.
Ello aconteció tanto en la audiencia de formalización y en que se fijaron las cautelares, como ante la Corte de Apelaciones.
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Como se señaló, encabezará el equipo el penalista Juan Carlos Manríquez, quien puso como condición encargarse de una defensa estrictamente jurídica.
Así lo consignó en sus dichos La Segunda: “manifesté mi conformidad de asumir una defensa estrictamente técnica”.
También se sumó el exfiscal nacional Sabas Chahuán, amigo de Jadue, pero su gestión será más de segundo plano, asesorando.
Quien tendrá el nexo político con su partido, es el exdiputado y exconvencional, el PC Hugo Gutiérrez.
Al Tribunal Constitucional las alegaciones
Manríquez ha sostenido que la medida cautelar de prisión preventiva, estaría vulnerando derechos más allá de su fin, al imposibilitarlo de ejercer su cargo público de alcalde.
Ese y no otro será el argumento para solicitar la inconstitucionalidad, toda vez que, sin estar condenado, podría ser removido del cargo.
Ello, cuando en realidad se trata de una causal de fuerza mayor, por acto irresistible de autoridad, en este caso, que le privó la libertad.
Se cuestiona que, sin estar condenado, en los hechos se le removerá de la función pública para la que fue electo.
PC: «La democracia en peligro»
Ya en materia internacional se busca un pronunciamiento sobre la dicotomía de encontrarse formalizado por delitos de corrupción presuntamente cometidos en la dirección de una entidad privada, la Achifarp.
Ello afectaría ejercer la función pública para la que fue electo popularmente.
Desde el PC se argumenta que la decisión judicial de privarlo de libertad, atenta contra el sistema democrático.
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El Presidente del PC, Lautaro Carmona, afirmó que la prisión preventiva de Jadue “compromete la soberanía popular”.
A su vez, el nexo entre el partido y la defensa, Hugo Gutiérrez, ha señalado que:
“Se estima de que las resoluciones que se han emitido por parte de la justicia chilena, lo que procuran es que él deje de ser alcalde de Recoleta, atentando contra la soberanía popular”.
La «movida» de la defensa que busca inhabilitar a las juezas
Jadue, desde la cárcel Anexo Capitán Yáber, aguarda expectante el resultado de esta estrategia jurídica y política, nacional e internacional.
En los próximos días se conocerá el resultado de una de ellas, ante los tribunales.
Por lo pronto, ya se pidió que se inhabilite a las juezas que hasta el momento han conocido del caso.
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Argumenta la defensa, que el tribunal ha tomado resoluciones “defectuosas del procedimiento, en las cuales se presume de derecho el perjuicio, el mismo que afecta y ofende en la esencia las garantías constitucionales del debido proceso e igualdad ante la ley”.
Afirma Manríquez en el escrito, que se han hecho “diferencias arbitrarias, que con sus efectos agravian a mi representado, pues impiden o dificultan de tal modo grave la igualdad de armas, el plazo razonable y el derecho a una defensa técnica eficiente”.
Postergar la audiencia para acompañar nuesvos antecedentes
Por otro lado, solicitaron se postergara la audiencia que ya estaba fijada para revisar cautelares personales, indicando que “Mantener la audiencia para el día 08 de julio de 2024 hace imposible la exigencia e igualdad de armas, plazo razonable y evitar que a la defensa de Jadue se le haga imposible, o mucho más gravoso su trabajo”.
Argumentan, que necesitan tiempo para presentar informes periciales que podrían influir en la resolución.
Una estrategia judicial que es discutida en su eficacia, pero que pone en cuestión a las juezas y al procedimiento.
