Con tres votos a favor y dos abstenciones, la tarde de este lunes la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó la indicación que permite a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requerir el levantamiento del secreto bancario sin la necesidad de pasar por una tribunal.
Esta es una de los proyectos de ley donde se discute el levantamiento del secreto bancario, y que ha generado polémica en el mundo político. La votación de esta indicación en particular, se da en medio de la discusión que crea el subsistema de inteligencia económica, y que otorga de mayores atribuciones a la UAF y al servicio de Aduanas.
Durante la sesión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “la UAF puede actualmente solicitar el levantamiento del secreto bancario ante un juez de la Corte de Apelaciones cuando tome conocimiento de una operación sospechosa reportada previamente por uno de los organismos obligados a reportar, siempre que sea necesaria para poder completar el análisis de la información. En la práctica se transforma una traba para la UAF, puesto que implica que, mientras se tramite el procedimiento, se produce la suspensión de las actividades de inteligencia de este organismo”.
Así, apuntó a que la normativa propuesta es “que un organismo administrativo pueda requerir información bancaria a través de un proceso rápido para ejercer sus acciones de fiscalización”, por lo que se propone eliminar el requisito judicial y reemplazarlo por uno administrativo “sometido a distintos controles para resguardar su correcto ejercicio”. Ello implica como requisito, que se trate de una operación sospechosa previamente reportada o detectada por la UAF.
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Por su parte, el director de la UAF, Carlos Pávez, subrayó la necesidad de avanzar en esta materia aludiendo a que actualmente el crimen organizado consta de un conjunto de operaciones financieras que forman parte de una estructuras delictiva, en muchos casos con alcance internacional, por lo que “nosotros estamos permanentemente intercambiando información con nuestros pares a nivel internacional, todos los cuales formamos parte de una red. Y como suele suceder, en este tipo de convenios de intercambio de información y colaboración, opera bajo el principio de reciprocidad, cuando no tenemos la capacidad de entregar información oportuna antes los requerimientos de nuestras contrapartes, tampoco estamos en capacidad de poder recibir esa información oportunamente. Recalco este concepto de oportunidad, porque es a lo que apunta esta modificación”.
Sin embargo, a continuación el senador Manuel José Ossandón (RN) tomó la palabra para solicitar postergar la votación. Y es que, a su juicio, la iniciativa no cuenta con todos los resguardos para garantizar el resguardo de la información a la que acceda la UAF, y pidió datos de cuánto se demora la Corte en dar acceso a la UAF a los datos, y cuántas veces el organismo lo ha solicitado. La respuesta de Pavez reforzó la postura de Ossandón: “A diferencia de otros procesos, la respuesta que nos otorga a nosotros le ministro de la Corte de Apelaciones son muy rápidas”, dijo Pavez, y agregó que “no hacemos todas las consultas que debiéramos hacer para avanzar en los proceso de inteligencia y aportar en las investigaciones penales”.
Tras una discusión sobre el punto de la seguridad, Marcel retomó la palabra para repasar las sanciones ya aprobadas en la comisión para quienes cometan una infracción al hacer mal uso de la información bancaria, y agregó que “la pregunta relevante no es cuántas veces se solicita autorización por parte de la UAF, sino cuántas veces más se accedería a la información bancaria si estuviera en operación el mecanismo propuesto”.
Así, el texto fue aprobado con los votos a favor de lo senadores Iván Flores (DC), Jaime Quintana (PPD) y Paulina Vodanovic (PS), y las abstenciones de José Miguel Durana (UDI) y Manuel José Ossandón (RN).
Para el día 23 de julio se espera que la Comisión de Seguridad pública despache el proyecto de ley para continuar su trámite en la Sala del Senado.
