Los organismos de seguridad en dictadura actuaron –en los hechos- como entes aislados de las estructuras establecidas legalmente como supervisoras de instituciones armadas –sobre todo en la etapa de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)-, los ministerios de Interior o Defensa Nacional.
A la fecha aún no se ha indagado en profundidad la organización -más allá de sus superestructuras-, infraestructura y cómo operaban y fuentes de financiamiento de que se valieron los organismos represivos en Chile y en particular la DINA, los que le permitieron implementar un estado de terror tanto en nuestro país como en el extranjero.
LOS INGRESOS DE LA DINA
Esta verdadera asociación ilícita se valió de múltiples fuentes de ingresos ilícitos para cumplir sus fines de exterminio. Civiles colaboraron en ello.
Solo algunas se conocen. Hasta hoy, el Ejército se ha negado a entregar nóminas oficiales de los integrantes de estos organismos. Las que existen, se han ido elaborando a partir de denunciados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad o investigaciones periodísticas.
Al golpe de 1973, en Chile operaban de manera autónoma, diferentes organismos de seguridad asociados a cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden: el Servicio de Inteligencia Militar (SIM) y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) y el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA).
ARREMETE CONTRERAS
Todos ellos fueron rápidamente sobrepasados por la osada arremetida del entonces Teniente Coronel Manuel Contreras, por aquella época a cargo del Regimiento Tejas Verdes, en San Antonio.
Contreras implementó un intrincado plan de seguridad –que venía trabajando durante años-, que reforzaba el poder de Pinochet y que implicaba, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, inculcada por la llamada Escuela de Las Américas, desarrollada en Panamá por Estados Unidos, una rápida desarticulación y exterminio de los partidos y movimientos que respaldaron al depuesto gobierno de la Unidad Popular.
La información “dura” acerca de los líderes, cordones populares y estructuras políticas de la
izquierda, no eran de manejo expedito de la FFAA y por lo mismo, el plan de Contreras de
unificar la inteligencia y represión, pareció en 1974 a la Junta de Gobierno y a Pinochet en
particular, el más adecuado y se dio luz blanca y financiamiento con cargo de dineros
provenientes de los gastos reservados del Estado. Pero en los hechos la DINA ya funcionaba
desde el 12 de noviembre de 1973.
JUNIO DE 1974
Así nace en junio de 1974, formalmente, la DINA en Chile. Todas y cada una de las actividades que posteriormente aplicaría este organismo represor, ya habían sido llevadas a cabo por un ambicioso Contreras en esa especie de “laboratorio del terror” que operaba en Tejas verdes, incluido el obtener fuentes de financiamientos al margen de la ley.
Más de mil hombres de planta y cerca de 50 mil informantes a nivel país, demandaban una fuerte inversión que no se satisfacía con los dineros provenientes del fisco. Es más, los agentes civiles no eran parte de la nómina. Súmese a eso que la DINA alargó su garra más allá de nuestras fronteras financiando los asesinatos del excomandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en Argentina, del excanciller Orlando Letelier en Estados Unidos, el atentado a Bernardo Leighton y a su esposa, Anita Fresno en Roma, el Plan Cóndor, Operación Colombo y una decena de operaciones que incluyeron ataques, seguimientos e inteligencia en el exterior. También cientos de agentes en embajadas y organismos internacionales.
Si se agrega que era necesario mantener decenas de recintos de detención, conocidos y secretos, que recluyeron a miles de chilenos, estamos frente a un verdadero “Ministerio del Terror” que demandaba más dinero que el que se le entregaba con cargo a fondos públicos.
Debían sostener a Villa Grimaldi Tres y Cuatro Álamos, Londres 38, José Domingo Cañas, la «Venda Sexy», Simón Bolívar 8800, República 475 y decenas más de otros lugares en Santiago y sus alrededores, sin contar en el resto del país.
LAS CLÍNICAS DE LA DINA
La DINA también asentó clínicas como London en calle Almirante Barroso de la capital, que reemplazó a la clínica Santa Lucía ubicada en la calle del mismo nombre y ciudad, y disponía asimismo de una amplia red de casas de seguridad para agentes e informantes, usadas en labores administrativas y de reclusión o exterminio solo en la capital, y que dan cuenta de la infraestructura de esta temida asociación ilícita. El organigrama fue creciendo constantemente entre 1973 y 1977, en que la DINA llegó a contar con agrupaciones, unidades, brigadas, departamentos y cuarteles.
Eso lo entendió Contreras y comenzó a implementar -de manera artesanal primero y luego de forma sofisticada- fuentes para mantener esa costosa estructura. La DINA no solo financió sus propias tareas, también aparecieron en la nómina, según registros de la Corte Suprema a propósito del caso Letelier, agencias, revistas y periódicos de derecha e incluso la propia Junta de Gobierno y organismos militares. “El General Pinochet estaba al tanto de todo lo de la DINA. Era el jefe de la DINA”, declaró Manuel Contreras el 11 de septiembre 2013 en tribunales.
Muchas veces se usaron recursos y medios provenientes de las FFAA, como regimientos, buques y comisarías para retener o secuestrar personas, también se ocuparon helicópteros del Ejército para desaparecer cuerpos de muchos hoy detenidos desaparecidos, vehículos fiscales para secuestrar y donde también privados contribuyeron a esos fines, como los buques El Lebu o El Maipo cedidos por la Sudamericana de Vapores o los camiones de Pesquera Arauco o Pesquera Chile u otros establecimientos que les ayudaron a “ahorrar”, pero igual no daba abasto para pagar los gastos.
LA NÓMINA
Incluso se sabe que hubo oportunidades en que el pago de la “nómina” a los agentes sufrió varios días de retraso y debieron recurrir a empresarios que se transformaron en financistas del terror. Al principio se obtuvo dinero de robos a las casas de los detenidos, allanamientos, “expropiaciones” de empresas, decomisos a los partidos, etcétera, pero luego se pasó a otra etapa y se comenzaron a administrar y crear empresas donde la labor de civiles fue determinante, como “palos blancos”.
El testimonio judicial de muchos detenidos que sobrevivieron al exterminio, daba cuenta de haber sido trasladados entre los distintos centros ilegales de detenciones en camiones y camionetas de Pesquera Arauco. Investigaciones posteriores han logrado demostrar que la señalada empresa puso su flota a disposición de Manuel Contreras y no solo eso, también sus productos que terminaron siendo comercializados por la DINA y sus agentes, para recaudar fondos para ese organismo.
El ex agente de la DINA Enrique Fuenzalida Devia confesó judicialmente: “A Londres 38 llegaban camiones tres cuartos cerrados y acondicionados para la mantención de pescado en frigoríficos, que eran de la Pesquera Arauco. En ellos se traía y sacaba detenidos. Preciso que estos camiones frigoríficos de la Pesquera Arauco sacaban desde Londres 38 a prisioneros de la DINA”, relató Fuenzalida en una de sus declaraciones en los distintos procesos que se instruyen por detenidos desaparecidos y ejecutados.
EL «REGALO» DE PINOCHET
Augusto Pinochet traspasó el 25 de enero de 1974 directamente a la DINA la estatal Pesquera Arauco, al punto que su primer directorio era presidido por el propio Manuel Contreras y lo integraban además Pedro Espinoza como vicepresidente y Cristopher George Willike como director. También hubo civiles como lo reconoció el mismo Manuel Contreras judicialmente: “Hubert Fuchs y Marco Acuña Ramos estaban relacionados con la DINA; el primero era gerente de la pesquera de la que yo era coordinador y en la que Humberto Olavarría (Aranguren) me prestaba asesoría desde el momento en que él era además, jefe de inteligencia económica de la DINA”, confesó en 1992 el “Mamo” al ministro Adolfo Bañados.
Fue justamente a partir de Pesquera Arauco que Contreras fue tejiendo la enmarañada estructura empresarial que sostuvo la represión en nuestro país y que llegó a mantener importantes inversiones hasta en el banco Riggs. “En un comienzo la DINA no mantenía cuentas corrientes en dólares. Posteriormente sí, quizás algunos meses después de su constitución… No recuerdo el banco en Estados Unidos, pero sí personalmente he mantenido una cuenta en el Banco Riggs de Washington de la cual retiré 25 mil dólares, aporte de mis amigos norteamericanos para mi defensa en el caso de la extradición”, declaró Contreras en el mismo proceso de extradición por el caso Letelier.
El mencionado Olavarría Aranguren, es un oficial en retiro de la Armada y amigo personal del exdirector de la DINA, y fue, según investigaciones judiciales y periodísticas, el encargado de administrar la logística financiera del órgano represivo. También fue socio de diversas empresas que han sido imputadas de blanquear dineros para ese organismo.
«LOS SOCIOS»
Olavarría junto al abogado Alfredo Ovalle Rodríguez, aparecen en 1976 creando distintas compañías que se reprocha sirvieron de fuente de ingresos a la DINA. Ovalle por su parte, llegó a comandar la Sociedad Nacional de Minería, a la que renunció sorpresivamente cuando se destapó su presunta participación en el engranaje económico que solventaba a la DINA. También fue presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Ovalle no solo aparece relacionado en sociedades con Olavarría, sino que también con Guillermo Endara, ex presidente de Panamá y quien constituyó diversas empresas para la DINA en su país y que sirvieron para financiar la Operación Cóndor, según
da cuenta un reportaje de Ciper.
Tanto Ovalle como Olavarría han sido sindicados como administradores de platas negras que “recolectó” la DINA. Ovalle cuando ha sido interrogado sobre lo anterior ha optado por guardar silencio o ha señalado que es otra la fuente de su riqueza. Entre las sociedades están Inversiones Mineras Foram Limitada, de la que provenía Ovalle y que se asoció con Humberto Olavarría. Más tarde vienen Sociedad Inmobiliaria Cabildo Limitada (1978), Sociedad Legal Minera Las Cenizas Uno de Cabildo, Inversiones Mineras Norte Limitada (junio 1981), Compañía Minera Las Luces Limitada y Minera Oro Andino Limitada, en sociedad con María Teresa Cañas Pinochet, la sobrina de Pinochet, dio cuenta el mismo medio.
Años antes, el 4 de enero de 1974, ante el notario Andrés Rubio Flores, nacía Servicios Industriales Villar y Reyes Ltda., cuyo nombre de fantasía fue Dinaservice Ltda. y sus socios fueron el oficial de Ejército Lautaro Villar Requena y Leonardo Reyes Herrera, oficial naval. Tras la sociedad estaban también Olavarría y Contreras. Esta empresa sería a través de la cual se canalizarían los pagos a los agentes de la DINA en el país, función que pasaría a cumplir más adelante Elissalde & Poblete y Cía. Limitada, cuyos socios eran el coronel (r) de Ejército Alberto Elissalde Müller, y el abogado Miguel Ángel Armando Poblete Rodríguez.
El 25 de enero de 1974, las principales empresas pesqueras con domicilio en San Antonio, pasaron a manos de la DINA. Entre ellas Compañía Pesquera Arauco y Productos Congelados del Mar. A partir de ellas se creó la Compañía Atunera de Chile Limitada. Ese mismo día se crea formalmente la DINA reconocida más tarde por Pinochet el 18 de junio de 1974.
LOS PAGOS DE «DINAR»
Más adelante, la investigación del caso Letelier, dejo al descubierto otra arista, la existencia de una cuenta corriente y los pagos a través de “DINAR”. La señalada cuenta tenía el número 13280724 y pertenecía al Banco de Crédito e Inversiones, correspondiente a la sucursal de Plaza Baquedano-Alameda, la que quedaba a muy corta distancia del cuartel general de la DINA, en Belgrano 11 casi al llegar a Vicuña Mackenna. Contra esa cuenta Contreras, que era el habilitado para firmar los cheques, giró el año 1975 la suma de 1.598.496.520 escudos cuando el “sueldo vital” (hoy mínimo) en Chile era de 27 mil escudos. Ese cheque acreditaría las platas negras, que movía ese organismo represivo.
Varios nombres conocidos aparecieron vinculados en la investigación de la Suprema. Los dineros girados incluyen doce cheques que fueron cobrados por la “Junta de Gobierno” por un total de 165.630.800 escudos. También el exalcalde Cristián Labbé, reconocido DINA aparece recibiendo y cobrando cheques de la Dirección Nacional de Rehabilitación (DINAR), lo mismo que el ex jefe de la Brigada Electrónica de la DINA, Vianel Valdivieso Cervantes y el ex oficial de la Fuerza Aérea Carlos Ottone Mestre, entre otros.
Es un hecho que varios agentes hoy encarcelados por graves violaciones a los Derechos Humanos, hicieron fila en la oficina de pagadora de la calle Nueva York con La Bolsa en el centro de Santiago. Marcelo Moren Brito, ex jefe del centro de tortura y exterminio Villa Grimaldi, Christopher Willike Flöl, ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Eduardo Iturriaga Neumann, jefe Brigada Lautaro, Juan Morales Salgado jefe del cuartel de exterminio Simón Bolívar y Pedro Espinoza Bravo, segundo de la DINA, partícipe de la Caravana de la Muerte y varios crímenes más, entre otros. “Solía verlos ahí”, nos señaló Jorgelino Vergara, más conocido como el “mocito” de Contreras.
LA DINA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Incentivo, mordaza dulce o simplemente soborno, puede tener muchos nombres, pero lo cierto es que parte de los fondos ilegales que financiaron la represión, también llegaron a medios de comunicación. Registran cobros de cheques que llevan la firma de Manuel Contreras, los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Nación, La Prensa, El Día de La Serena y La Discusión de Chillán, los semanarios Qué Pasa y Ercilla, el Consorcio Periodístico de Chile y la agencia de noticias United Press International (UPI), según un informe de la Corte Suprema que figura en un adjunto al expediente ante dicho tribunal en la causa de extradición por el crimen de Orlando Letelier y otros, dado a conocer en 2013.
Las elevadas sumas de dinero giradas desde la cuenta bancaria que administraba Contreras, que habrían sido entregadas a diversos organismos del Estado y la prensa, entre otros, demuestran que el plan de exterminio de opositores que existió en Chile “fue una acción de carácter institucional del Estado chileno”, según nos señala Mireya García, exdirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
“Esto configura un plano de complicidad generalizado que permitió que ocurriera en Chile lo que ocurrió”, dijo la dirigenta, a cuyo juicio, si esos medios de prensa que aparecen en los documentos “recibieron pagos de la DINA, ciertamente no iban a informar los crímenes que se estaban cometiendo. Esto nos demuestra que la DINA no sólo pagó a sus agentes, sino que financió a todo el Estado, incluidos los medios de comunicación, que por eso mismo mintieron sobre estos crímenes. El terrorismo fue de carácter institucional en Chile”, concluyó García.
RICARDO CLARO
Las declaraciones de ex agentes de la DINA desnudaron la participación de otro empresario también relacionado a los medios al financiamiento de la DINA. Se trata de Ricardo Claro, el fallecido y polémico dueño de Megavisión. Jorgelino Vergara, “el mocito”, nos relató diversos episodios en que la falta de dinero para pagar sueldos de los agentes civiles fueron rápidamente solucionados por Claro, quien sabía que los dineros que entregaba eran para ese fin. “Desde los cuarteles de la DINA, impacientes torturadores llamaban a la secretaria del empresario para que apurara los dineros”, recuerda.
No fue el único que confirmó tales hechos. Eduardo Cabezas Mardones, otro ex agente, fue más allá, señalando que Claro también financió a la CNI. El periodista Javier Rebolledo (autor de “La danza de los cuervos” y “El despertar de los cuervos” entre otras obras y trabajos sobre las violaciones de los DDHH.), nos indicó que dicho personaje testimonió que su jefe, Arturo Ramírez Labbé, funcionario FACH en retiro, se reunió en diversas oportunidades con Ricardo Claro en la Enoteca del Cerro San Cristóbal, justamente para ver temas de financiamiento. “Ricardo Claro más que un financista, da la impresión que era un colaborador directo”, señaló Rebolledo.
Claro era amigo personal de Contreras y no era extraño verlo en la “Casa de Piedra” en el Cajón del Maipo (propiedad usurpada al dueño del Clarín, Darío Sainte Marie Soruco, conocido como “Volpone”), junto al Mamo. Se creó para blanquear los pagos de Claro a los agentes DINA, una empresa llamada Boxer y Asper Limitada la que más tarde se llamaría Sociedad Administradora de Servicios de Personal Limitada o simplemente “Asper” Limitada. ¿Los socios? El coronel (r) de carabineros Germán Esquivel Caballero (conocido por su participación en el Comando Conjunto y procesado por la desaparición de Reinalda
Pereira desde el cuartel Simón Bolívar) y Mario Aguirre Monreal, un contador ligado también el Ejército.
LA ARISTA «COCAÍNA»
Uno de los delicados cargos que se ha imputado a Pinochet y a la DINA, es su participación en la elaboración y comercialización de cocaína en Chile y más específicamente en locales institucionales del Ejército como el Complejo Químico Militar del Ejército en Talagante, conocido como el “Polvorín de Talagante”. Eugenio Berríos, el creador del mortífero gas Sarín y quien fuera asesinado por la CNI en conjunto con militares uruguayos en ese país para silenciarlo, fue considerado uno de los mejores “cocineros”, capaz de elaborar cocaína negra.
De hecho el mismo Manuel Contreras denunció al Ministerio Público que Augusto Pinochet y su familia, lograron parte importante de su fortuna fruto de la producción y venta de cocaína durante la dictadura. Así lo ratificó el fiscal Héctor Barros, jefe de la unidad contra el crimen organizado de la Fiscalía Centro-Sur, quien señaló que “el ex general Contreras estuvo bastante cooperador con el curso de la investigación”. Contreras fue querellado por difamación por afirmar que Pinochet y su hijo menor fueron parte de una red de narcotráfico, que producía “cocaína negra”, una variedad de la droga que es imposible de detectar y que era, presuntamente, producida en recintos militares.
Iván Baramdyka, exmilitar estadunidense nacido en Bogotá, Colombia, reconoció que fue él quien ayudó a Pinochet y a Berríos en la tarea de exportar cocaína a Estados Unidos y Europa. Así lo declara en entrevistas llamadas Confesiones de un narco.
CONTRABANDO DE ARMAS
Otra de las fuentes que se achaca a Contreras y compañía como fuente de financiamiento institucional y personal, fue el contrabando de armas. Así se lo habría informado el general (r) Manuel Contreras por escrito al juez Claudio Pavés, magistrado que investigó el asesinato, en 1992, del coronel Gerardo Huber, y el tráfico de armas a Croacia. Álvaro Corbalán Castilla también habría participado de la lista de “empresarios” que habría allegado dineros a esa asociación ilícita a través de las empresas “Transportes Santa Bárbara” (creada gracias a un préstamo de un millón de dólares entregados por el Banco Estado bajo la dirección de Álvaro Bardón, exministro de la dictadura) y de la Agencia de Viajes Cordillera Tours, que operaba en el hotel Crown Plaza.
La DINA también recaudaba fondos mediante las platas que “expropiaba” a partidos y movimientos de izquierda, sea que provinieran del exterior o que derechamente fueran fruto de secuestros y asesinatos de dirigentes que manejaban tales fondos clandestinos. Baramdyka es un controvertido personaje casado con una chilena y que cooperó con los organismos de seguridad en el exterior. También estuvo en Chile y tras la caída de la dictadura en nuestro país, entregó información que relacionaba a personajes como el mismo Pinochet, Contreras y al capitán Álvaro Corbalán con el narcotráfico. El mismo Contreras validó la información dando lugar a querellas criminales en su contra, por la familia Pinochet.
El 30 de noviembre de 1991 se interceptó en Hungría un cargamento de armas provenientes de Chile hacia Croacia, en medio de un embargo mundial de armas en contra de ese país por violaciones a los DDHH. Las investigaciones confirmaron el nexo del Ejército de Chile, aún bajo el mando de Pinochet.
LAS «EXPROPIACIONES DE FONDOS»
El periodista Javier Rebolledo nos señaló que “el partido Comunista fue objeto de una fuerte persecución en este sentido por parte de la DINA, siempre fueron tras su aparato financiero, quitándoles mucha plata, como en el caso de la detención y desaparición en Argentina de sus dirigentes Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, quienes traían importantes sumas de dinero a Chile para la resistencia”.
“Es más –insiste-, el año 1977 en los casos de calle Conferencia I y II, caen las cúpulas del PC, pero entre una y otra, en agosto de ese año, cayó el aparato financiero del PC e hicieron desaparecer personas y mucho dinero, estamos hablando de millones de dólares, pero eso a nadie le conviene reconocerlo, porque es muy complicado diplomáticamente. También robaban producto del pillaje y detenciones de personas”, afirma Rebolledo.
E incluso el periodista y escritor, va más allá: “No sabemos si esas platas llegaron solamente a la DINA o también a los bolsillos de Pinochet y Contreras, pero lo que sí todos sabemos es el sueldo de los militares y claramente ello no les alcanza para tener todos los bienes que registran en sus patrimonios, como el fundo Viejo Roble de Contreras en el sur. Con Pinochet acontece lo mismo y su patrimonio simplemente no da, son platas ilícitas. Las dictaduras son caldo de cultivo para todo tipo de corrupción”, concluye Javier Rebolledo.
«LOS VIEJECITOS»
Los intrincados vericuetos que forman las estructuras de los organismos de seguridad y de la DINA en particular, se han ido reconstruyendo a partir de declaraciones judiciales de los propios exagentes que han confesado en parte su participación y nivel de pertenencia. Incluso hasta avanzada la democracia aún se seguían descubriendo lugares de exterminio, como es el caso del cuartel Simón Bolívar 8.800 en 2007, dado a conocer por “el mocito” y desde donde éste nos aseguró, que nadie salió vivo.
Igual o más enredadas eran las fuentes de financiamiento. Han sido miles la excusas, pero lo cierto, es que nadie ha respondido aún. La opinión pública siente lejanas y extrañas dichas vivencias, en parte por la juventud de quienes no conocieron los horrores de la dictadura, en parte por aquellos que prefieren mirar para el lado y en parte por una aplastante campaña destinada a generar impunidad.
«Incluso los sangrientos ejecutores de estos planes de exterminio, hoy aparecen a la vista de muchos como los pobres viejecitos contra los cuales se aplica venganza por hechos acontecidos hace tanto», nos señaló la actual diputada, abogada Carmen Hertz.
