El sociólogo y analista político, Alberto Mayol, abordó la acusación presentada por dos diputados del Partido Republicano, quienes alegan que recibió pagos adicionales por sus labores académicas en la Universidad de Santiago de Chile (Usach).
Mayol respondió a la denuncia señalando que el diputado Irarrázaval debería investigar más a fondo, ya que la situación involucra no solo a tres personas, sino a todo el sistema de funcionamiento de la universidad.
Albero Mayol explicóque las funciones desempeñadas fuera del horario regular, o aquellas complementarias que no forman parte de la jornada laboral, son remuneradas por entidades asociadas, como fundaciones o sociedades privadas.
Destacó que este procedimiento ha sido evaluado por Contraloría en diversas ocasiones y no es responsabilidad ni culpabilidad de los receptores de dichos pagos, sino de las autoridades pertinentes de cada época, incluyendo la Contraloría General de la República, que ha validado el proceso o, al menos, no ha presentado objeciones sustanciales al mismo.
SOBRESUELO UNIVERSIDAD
Mayol enfatizó que este mecanismo es común en muchas universidades públicas, ya que facilita la gestión de ingresos y egresos. Sin embargo, no justificó ni condenó la práctica, ya que afirmó no tener suficiente información para emitir un juicio al respecto.
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En cuanto a la acusación específica de que personas vinculadas a un sector político diferente obtuvieron contratos de sociedades o fundaciones privadas de manera indebida, Mayol considera esto como un hecho grave, ya que implica el uso irregular de instrumentos privados que, según él, no pueden haber sido adquiridos de manera legal.
Afirmó que no ha recibido solicitudes recientes para la entrega de documentos relacionados con estos pagos, lo que sugiere que la información fue obtenida de manera maliciosa, y expresó la posibilidad de que el diputado esté incurriendo en una ilegalidad al divulgar esta información sin autorización.
Es importante recordar que, además de Alberto Mayol, la denuncia también menciona a Lucía Dammert, exjefa de asesores del presidente Gabriel Boric, y a Elisa Loncon, expresidenta de la Convención Constitucional.
