La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, podría ser suspendida de su cargo por cuatro meses debido a una disputa legal con el local Bar & Vuelvo, propiedad de la sociedad Felices y Fugados Spa.
Todo comenzó el 6 de julio del año 2022 cuando la municipalidad no renovó la patente de alcoholes del recinto ubicado en Avenida Francisco Bilbao. De ahí vinieron una serie de acciones administrativas y también penales, donde los dueños del local alegaron que habían sido víctimas de una resolución “irracional, ilegal, arbitraria y completamente desproporcionada”.
El municipio argumentó que “durante todo el periodo correspondiente al 24 de mayo de 2021 y 26 de abril de 2022, el recurrente, Felices y Fugados, operó el establecimiento de comercio conocido como Bar y Vuelvo con patentes comercial y de alcoholes de su antiguo dueño”.
El último capítulo ocurrió esta semana con el dictamen de la corte, que sostiene que «en consonancia con lo informado al efecto por la Contraloría General de la República, se colige que no existe causa legal alguna que inhabilite tanto a la señora alcaldesa como a los señores concejales para dictar un nuevo acto administrativo que cumpla con las formalidades legales, en los términos dispuestos por el fallo, por cuanto el hecho de encontrarse pendiente un litigio -en sede penal- no genera respecto de quien emitió las decisiones involucradas un interés personal que pueda afectar la resolución de cualquier asunto sometido a su conocimiento”.
Además, “Se impone a la recurrida municipalidad una multa ascendente a 5 Unidades Tributarias Mensuales ($ 315.995) a beneficio fiscal (…) Se ordena a la municipalidad dar estricto cumplimiento al fallo, debiendo informar a esta corte dentro del plazo de 30 días, bajo apercibimiento de imponer la sanción establecida en la letra d) del numeral 15 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, directamente a la persona de la señora alcaldesa de Providencia”, dice la resolución.
Aquello corresponde a la suspensión de funciones hasta por cuatro meses, con la rebaja del 50% de la remuneración mensual, informó La Tercera.
CRONOLOGÍA JUDICIAL
En enero de este año la Corte de Apelaciones de Santiago les dio la razón a los dueños del recinto. Pero no hubo renovación. Y entonces el bar se querelló en febrero por desacato de veredicto, y en marzo por denegación de servicio.
En mayo, el tribunal dio un plazo de 60 días al municipio para cumplir la resolución diciendo que que “la autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata ejecutar”.
El municipio retrucó con una solicitud de cierre definitivo del caso y la presentación de un recurso de reposición en contra de esta resolución, alegando la aparición de una “inhabilidad sobreviniente”.
En julio la Contraloría afirmó que no había impedimentos para que la municipalidad renovara la licencia en cuestión.
