Anulan sentencia en contra de agentes del Estado.
La Corte de Apelaciones de San Miguel anuló la sentencia en contra de agentes del Estado, ordenando que se vuelva a la etapa de sumario.
Los agentes habían sido sentenciados por el caso de Vicente Blanco Ubilla, el cual fue un dirigente vecinal de San Bernardo.
Durante la dictadura en 1973, él fue detenido y posteriormente asesinado.
Debido a la decisión, los familiares dieron a conocer que irán a la Corte Suprema, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según lo informado por La Tercera.
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CORTE DE APELACIONES
En el dictamen, se estableció que «La juez del fondo incurrió en un vicio que influye en lo dispositivo del fallo al calificar los hechos.
Además, como un crimen de lesa humanidad con una valoración jurídica más perjudicial para los sentenciados”.
Continua “sin que sus defensas hayan podido hacerse cargo de aquello en sus escritos de contestación a la acusación.
Desde que la imputación penal se limitó a la de un delito de secuestro calificado, con todas las implicancias que de ello se derivan para la aplicación de la pena«.
Concluyendo con anular la sentencia apelada y ordenando «retrotraer la tramitación de la presente causa al estado de sumarlo para pronunciarse acerca de las diligencias y sobreseimiento solicitados por las defensas de los procesados Hugo Medina Leiva y Alfonso Faúndez y de dictarse la acusación en forma«.
FAMILIARES
El abogado querellante, Francisco Bustos, afirmó que en más de 15 años nunca se habían acogido argumentos que, para ellos, van en contra de la obligación que tiene el Estado de no obstaculizar la persecución de las violaciones a los DD.HH.
Expresando que «Es una resolución sumamente preocupante». Además, añadió que:
«La familia está sumamente indignada, ellos no podían creer esto, porque ellos sabían que se podían modificar las condenas, pero que acá se obligue a hacer todo de nuevo, es algo muy violento«.
Los familiares tomarán acciones en el máximo tribunal y en la CIDH El abogado afirmó que:
«Se está desconociendo lo que se ordenó en el caso Almonacid. Aquello es que el Estado chileno no puede bajo ningún pretexto poner obstáculos para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad«.
