La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, Aprajud, se refirió a la decisión del Pleno de la Corte Suprema de iniciar una investigación sumaria y administrativa por la polémica por la compra de los 22 vehículos marca Lexus para los ministros del máximo tribunal y su fiscal.
Esto se dio luego de no aceptar la renuncia del director de la Corporación Administrativa, Ricardo Guzmán Sanza, por este mismo motivo.
Patricio Aguilar, presidente de Aprajud, recalcó que «nosotros como profesionales siempre estamos sujetos a que nuestra gestión de pueda auditar, porque son decisiones que involucran presupuestos e ingresos fiscales».
Respecto de la investigación que ahora comenzará, explicó que esta permitirá «dilucidar, investigar y llegar a una conclusión objetiva de cómo fueron los hechos de este proceso de compra».
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A su juicio, tiene como objetivo «determinar cuáles fueron las responsabilidades, los niveles de autorización, los conocimientos que tenían nuestras autoridades».
EXCEDENTE DE PRESUPUESTO
«Según los propios trascendidos y lo que manifestó el secretario general de la Corte Suprema, esta información estuvo en conocimiento del gobierno a fines de octubre o noviembre, de que efectivamente existía un excedente de presupuesto 2023 que iba a pasar como un saldo inicial de caja para que pudiera ser utilizado con el fin de la renovación de los vehículos de los ministros de la Corte Suprema», detalló.
Por lo tanto, agregó, «lo que hay que investigar ahora es si efectivamente estas partidas y estos antecedentes responden y se ajustan a los hechos».
Aguilar recalcó que «para nosotros es muy importante el debido proceso. Por eso creemos que la persona investigada tiene el derecho de poder defenderse y poder entregar todos los antecedentes que obran en su poder».
«En el caso de que le fuera bien, va a quedar obviamente a firme su salida y va a salir dignamente del cargo. En el caso que fuera demostrado que hay responsabilidades administrativas graves la persona queda inhabilitada por cinco años para poder ejercer cargo público», puntualizó el presidente de Aprajud.
Cerro diciendo que «esto a nosotros nos da garantías de que efectivamente se pueden investigar todos los antecedentes y que queden a disposición a la luz pública».
