La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados cuestionó la solicitud del Ejecutivo ante la Corte Suprema que busca evaluar la conducta del juez de Garantía de Arica Héctor Barraza, quien ordenó entregar el listado de testigos protegidos en el caso que investiga al denominado clan “Los Gallegos”, una célula en Chile del Tren de Aragua.
Su decisión luego fue revertida por la Corte de Apelaciones de Arica y cuestionada por el Ministerio Público y gobierno ante el riesgo que podría representar para los más de 50 atestiguantes.
La jueza Mariela Hernández, presidenta de la Asociación, dijo que como gremio “creemos que la decisión del gobierno de remitir a la Corte Suprema los antecedentes que disponen sobre la decisión del juez de garantía Héctor Barraza, que en opinión del gobierno constituyen hechos graves que pueden comprometer su conducta ministerial, es una intromisión a la independencia de los jueces y las juezas en nuestro país”.
Lo anterior, porque lo que pretende hacer esa solicitud -a su juicio- es “atacar una resolución judicial susceptible de ser recurrida como ocurrió en la especie”. Agregó que “como asociación, no podemos calificar una decisión jurisdiccional, ni menos referirnos a las acciones del Ministerio Público”.
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“Como se evidencia en este caso, como en otros, las partes han hecho uso de las herramientas que confiere la ley, por lo que estimamos que el ejercicio de la facultad establecida en la Constitución en este caso afecta notoriamente la independencia judicial”, concluyó la presidenta Hernández.
