En el año 2023, más de 540 mil personas dejaron de pagar el Crédito con Aval del Estado (CAE), incrementándose la morosidad de este sistema de financiamiento para la educación superior.
La Comisión Ingresa, entidad autónoma a cargo de la administración de estos créditos, reportó que la cifra incluye tanto a egresados (375.000) como a desertores (164.000).
Este incremento en la morosidad ha tenido un impacto económico para el Estado, que ha tenido que desembolsar US$300 millones para cubrir estas deudas como aval.
En consecuencia, este monto representa un aumento del 48% en comparación con el año 2022 y casi el triple de lo registrado en 2019.
El costo asumido por el Estado en 2023 equivale a los fondos destinados para la recuperación del megaincendio de Valparaíso.
El Mercurio destacó que la tendencia creciente a la morosidad del CAE se ha observado desde 2017, atribuyéndose a varios factores.
Entre ellos, se menciona el deterioro de la economía y las promesas presidenciales.
Además, la situación se ha visto influenciada por la Ley N° 21.214 de 2020, que prohíbe informar sobre deudas educacionales y ha eliminado el registro de morosos del Boletín Comercial.
Por lo tanto, esto ha hecho disminuir la presión sobre los deudores para regularizar sus pagos.
La Dirección de Presupuestos (Dipres) analizó el fenómeno, señalando que la mayor morosidad entre los egresados podría deberse a los efectos económicos de la pandemia y a las implicancias de la mencionada ley.
Por lo tanto, la eliminación del registro de morosos redujo el incentivo para mantener al día los pagos, ya que no existe un registro público de la morosidad.
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