El presidente Gabriel Boric evalúa fórmulas para levantar el secreto Valech, en el marco de los 50 años del golpe de Estado. Como se recordará, esta medida ha sido controvertida por los familiares de las víctimas, pues aducen que ha ayudado a la impunidad y la memoria histórica.
Sin embargo, muchas víctimas han defendido su existencia, amparándose en que allí se dijeron cosas íntimas que no quisieran que fueran divulgadas, algunas, que ni siquiera sus propias familias conocen, por pudor de la víctima o por no revictimizarla.
El exprecandidato presidencial y cientista político, resume esta posición: «Yo entregué el testimonio de lo que me ocurrió a la Comisión Valech. Tuve confianza en el compromiso de secreto por 50 años y me sentiría violentado si el gobierno logra quebrar esa regla».
AGENDA LEGISLATIVA
En medio de la agenda diseñada por el gobierno para la conmemoración del próximo 11 de septiembre, está previsto que el próximo 5 de septiembre se anuncie por parte del ministro Segpres, Álvaro Elizalde, la batería de proyectos asociados a derechos humanos, y entre ellos, aparece uno clave: derogar el secreto del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
Las próximas jornadas tendrán un carácter especial para el Jefe de Estado y su gobierno, desde donde se preparan para -pese a los contratiempos y salidas de libreto del propio Presidente- marcar hitos que estén a la altura de este medio siglo desde el quiebre de la democracia.
El Presidente pretende anunciar una fórmula que permita levantar, aunque sea parcialmente, el secreto de los testimonios que en 2003 quedaron plasmados en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como comisión Valech, instancia que por un periodo de seis meses escuchó a más de 36 mil personas y calificó a 27.225 como víctimas de prisión política y tortura.
COMPROMISO ESTATAL
El Estado asumió con las personas que dieron cuenta de las distintas formas de prisión y crímenes de lesa humanidad que sufrieron durante la dictadura, un compromiso de no publicidad respecto de los vejámenes a los que fueron sometidos, una determinación que ha sido históricamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y que han pedido reiteradamente revertir.
De hecho, en la Ley 19.992, en su artículo 15, establece: “Son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo Nº 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido. En todo caso, este secreto no se extiende al informe elaborado por la Comisión sobre la base de dichos antecedentes (…). El secreto establecido en el inciso anterior se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior”.
El propio Boric, en su época de diputado, patrocinó una iniciativa que buscaba levantar el secreto de esos archivos en medio de la resistencia de figuras como Ricardo Lagos Escobar, quien promovió la comisión Valech durante su mandato y quien advirtió en 2021 que hacerlo implicaría “quebrar un compromiso del Estado de Chile” y pasar por encima “del respeto que debemos a miles de compatriotas en sus opciones de vida, tras cruzar por los horrores de aquel tiempo brutal”.
Según La Tercera, el Mandatario está explorando tres alternativas. Unas con más viabilidad que otras.
LAS ALTERNATIVAS
La posibilidad de un levantamiento total del secreto es una de ellas. Pero apenas se menciona, fuentes que han conocido del debate interno del gobierno, aseguran que “probablemente no flote”, al ser la opción “más radical” y resistida por muchas de las propias víctimas.
La segunda alternativa, según la misma fuente, es “anonimizar” los testimonios -vía reglamento-, lo que implicaría una publicidad parcial de esa información con el objetivo de utilizarla como insumo para, por ejemplo, investigaciones judiciales. Ello conlleva la dificultad de poder acreditar la veracidad de la información al no poder contrarrestar a las partes, de existir.
Y una tercera, que es la que hasta ahora cobra más sentido para el gobierno, aseguran fuentes de La Moneda a ese medio, es que se abra una vía legislativa que permita al Estado de Chile establecer un mecanismo mediante el que las víctimas puedan decidir si quieren o no que sus testimonios sean públicos.
PRECEDENTE JUDICIAL
En diciembre de 2015 la Corte de Apelaciones de Santiago, de forma unánime, acogió un recurso de protección interpuesto en contra de la directora del Instituto de Derechos Humanos de la época, Lorena Fries, a fin de que se entregaran antecedentes de una víctima que había sido reconocida por la Comisión Valech I.
El fallo del tribunal de alzada estableció que la interpretación literal de las disposiciones fijadas por el informe permiten concluir que el secreto no es absoluto, ya que incluye la excepción en favor de los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios.
Según la Corte, “la calidad de titular de estos antecedentes por parte de la afectada, emana de la circunstancia de haber sido incluida en la nómina de víctimas elaborada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech I, como dan cuenta los antecedentes aportados”. Es decir, cada persona que declaró o que aportó antecedentes -como se desprende de la resolución- es “dueña” de aquello y puede decidir si quiere o no que esto se divulgue.
Producto de este mismo pronunciamiento, además, en 2018 Consuelo Contreras, en su rol de directora del INDH, también hizo presente que, a esa fecha, ya habían entregado 2.600 carpetas de las comisiones Valech I y Valech II, de un total de 77 mil, a declarantes que las solicitaron.
PROYECTOS EN EL CONGRESO
En medio del debate, en Palacio recuerdan que si bien hay al menos tres proyectos de ley en el Congreso que apuntan a levantar el secreto Valech, hay uno en particular que durante el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet avanzó hasta segundo trámite constitucional, y que es precisamente el que fue suscrito por el entonces diputado Gabriel Boric, Hugo Gutiérrez, Guillermo Teillier, Matías Walker, Leonardo Soto, Sergio Aguiló, entre otros, recuerda el medio.
La moción, en concreto, buscaba levantar, parcialmente el secreto de Valech 1: “Mientras rija el secreto previsto (50 años), ninguna persona, grupo de personas ni autoridad tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo (documentos, testimonios y antecedentes), a excepción de los tribunales de justicia, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”.
Y ante ello, a solicitud de la Cámara y del Senado, la Corte Suprema emitió un informe donde advirtió que “un intento de anonimizar la identidad de quienes sufrieron prisión política y tortura u otros delitos durante el gobierno de facto, más que constituirse en una protección a dichas víctimas, podría erigirse en un nuevo atentado estatal en su contra y la memoria de lo efectivamente ocurrido”.
VOLUNTAD DE LAS VÍCTIMAS O FAMILIAS
Eso sí, los ministros también hicieron presente que debería evaluarse requerir el consentimiento de la víctima para la divulgación de su identidad. Aunque de todas maneras insistieron que ello, “teniendo en consideración que con la comisión de crímenes de lesa humanidad, el ofendido es la humanidad toda y existe, por lo tanto, un bien superior y un derecho de la comunidad a conocer la verdad con todos sus detalles”.
Pero aunque en el gobierno reconocen que el levantamiento del secreto vía consentimiento previo es el camino más factible hasta ahora, porque abrirá la opción de recopilar nuevos antecedentes, también dicen estar conscientes de que puede haber dificultades.
Esto, como detallan fuentes de Palacio, porque varias de las personas que declararon ya han fallecido y porque saben que otras no querrán, de ninguna manera, que sus testimonios sean divulgados.
