Casi en los mismos términos en que lo propuso la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley de que apunta a combatir las usurpaciones. Este ahora pasara al Senado a su tercer trámite.
La iniciativa, que regula la ocupación ilegal de inmuebles, fija nuevas penas y establece mecanismos para su restitución, ya había sido aprobada en general el pasado 9 de agosto.
Antes de la votación y durante un álgido debate, la ministra del Interior, Carolina Tohá, volvió a advertir que en la norma tal como estaba «no solo se presume la concurrencia de los requisitos, sino que habilita causar cualquier daño al autor del delito; esa es la legítima defensa privilegiada. O sea, aquí se puede actuar en cualquier plazo, recurrir a terceros y causar cualquier daño».
«Estamos haciendo un esfuerzo para tener una ley que proteja a las personas a quienes le usurpen sus bienes, pero hagámoslo con las herramientas del derecho, no del salvajismo», recalcó la jefa de gabinete.
El diputado liberal Vlado Mirosevic complementó diciendo que «la legítima defensa privilegiada vuelve a imponer la fuerza del más fuerte, y lo único que va a producir es un enfrentamiento inevitable y sangriento entre particulares, y eso es lo que el Estado tiene que evitar».
«No podemos votar a favor de algo que es completamente irracional», insistió el expresidente de la Cámara.
Su par republicano José Carlos Meza retrucó diciendo que «este proyecto no permite contratar matones. De hecho, hemos avanzado en legislar para sancionar el delito de sicariato», por lo que instó a los opositores del cuerpo legal a aclarar «si lo que no quieren es que las personas puedan defender su propiedad en el marco de la ley, díganlo, pero no nos vengan con alocuciones tan extravagantes».
Finalmente la propuesta fue visada casi sin cambios, lo cual se interpreta como una derrota para el Gobierno que, mediante indicaciones renovadas y solicitudes de votaciones separadas, pretendía morigerar los efectos que -según alertaba- podría tener una ley de estas características.
Solo consiguió que se aprobara que no se pueda detener a personas que formen parte del registro de campamentos del ministerio de Vivienda, vigente al 1 de marzo de 2024.
Ahora le corresponderá al Senado revisar la iniciativa y, en caso de no concordar con la Cámara, se pasará a una Comisión Mixta para zanjar las discrepancias.
VETOS Y DISCREPANCIAS OFICIALISTAS
Luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara el proyecto de ley conocido como de Usurpaciones, sin los cambios pretendidos por el Gobierno, el Ejecutivo no descartó vetar o usar otro método para evitar que dicha normativa sea publicada tal como está.
Así lo hizo ver Álvaro Elizalde, ministro Secretario General de la Presidencia, quien aseguró que como Gobierno “vamos a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución con el objeto de velar por una buena ley, una ley que entregue herramientas para restablecer el derecho respecto a quienes han sido usurpados, pero que bajo ninguna circunstancia autorice el uso de la violencia”.
Cabe recordar que previo a la votación de este martes, La Moneda incluyó distintas indicaciones. Entre ellas, una que buscaba revertir la legítima defensa privilegiada de los dueños de terrenos. Esta es considerada por el oficialismo como una posibilidad de hacer justicia por mano propia a través de cualquier medio, incluyendo la contratación de terceras personas.
PPD V/S FRENTE AMPLIO Y PC
Cámara despacha Ley de Usurpaciones con golpe para el Gobierno: se visó legítima defensa privilegiada
De igual manera, se cayó la indicación que pedía considerar la precariedad económica de quienes realicen tomas o usurpaciones.
Enmiendas al proyectos que se rechazaron con votos del Frente Amplio y el Partido Comunista, pero que contaron con el apoyo de parlamentarios de otros partidos oficialistas, como el Partido por la Democracia.
LEALTADES
Precisamente, el diputado PPD Jaime Araya aseguró que es absolutamente inaceptable el “discolage” que protagonizaron los diputados de Apruebo Dignidad, algo que de haber sido cometido por ellos “se nos reprocha”.
“Las permanentes diferencias que plantea tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista, por complejo ideológico en materia de seguridad, quedarán en nada”, aseguró Araya. Luego agregó que esto “se acabó” y que ellos se declaran, desde la perspectiva de los proyectos de seguridad, “en absoluta reflexión”.
“No hay capacidad de parte del propio gobierno de ordenar sus filas, no pueden pedirnos a nosotros que sigamos pagando los costos”, agregó Jaime Araya.
QUEDARON EN RIDÍCULO
En tanto que el independiente pro PPD, Héctor Ulloa, manifestó una “profunda preocupación por cómo salió el proyecto” ya que “legítima defensa que combinada con una flagrancia permanente, puede generar verdaderas milicias privadas para la recuperación de predios ilegítimamente ocupados”.
En cuanto a las votaciones de diputados del Partido Comunista y el Frente Amplio, dijo que esperaban “gestos de lealtad” y que quedaron en “ridículo” al aprobar “normas contra nuestras convicciones para apoyar al gobierno del presidente Boric”.
Luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara el proyecto de ley conocido como de Usurpaciones, sin los cambios pretendidos por el Gobierno, el Ejecutivo no descartó vetar o usar otro método para evitar que dicha normativa sea publicada tal como está.
Así lo hizo ver Álvaro Elizalde, ministro Secretario General de la Presidencia, quien aseguró que como Gobierno “vamos a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución con el objeto de velar por una buena ley, una ley que entregue herramientas para restablecer el derecho respecto a quienes han sido usurpados, pero que bajo ninguna circunstancia autorice el uso de la violencia”.
