«Los derechos humanos son una conquista de la humanidad, son un avance civilizatorio que ha permitido justamente avanzar en una sociedad más justa y libertaria y aquí lo que se pretende justamente es regresar al tiempo a las cavernas y eso es lo más complejo a nuestro entender, porque afectaría la vida de cada uno de nosotros que integramos la sociedad chilena», comienza señalando el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
“El cuestionado proceso constitucional en curso, a medida que avanza, ha ido profundizando su falta de legitimidad, no sólo por la creciente desafección de la ciudadanía sino por el declarado propósito de quienes controlan el denominado Consejo Constitucional”, afirma un comunicado de la comisióna propósito de las enmiendas presentadas por el Partido Republicano y que hoy se discuten en sede judicial.
Y el énfasis de la comisión está puesto en que rebajar el estatus de los tratados internacionales, sustituir la cárcel efectiva por arresto domiciliario para los reos de Punta Peuco donde los de DDHH son objetados internacionalmente y, retroceder en materia de aborto, fueron algunas de las enmiendas presentadas por Republicanos y que pusieron en alerta a las organizaciones de DD.HH.
«Como Comisión Chilena de Derechos Humanos hemos sido muy críticos de este proceso constitucional. Cuando comenzó, denunciamos ante el Alto Comisionado Nacional Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que la génesis que tuvo este proceso vulneraba gravemente dos derechos fundamentales que están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esto es, el artículo primero, que consagra el derecho libre de determinación del pueblo y, por otro lado, el artículo 25, que establece el derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública», señala Margotta en una entrevista en El Desconcierto.
«Luego, -añade-, cuando conocimos el texto de la Comisión Experta, también sacamos una declaración pública muy crítica. Porque vimos que lo que hacía esta propuesta era consagrar y consolidar la esencia de la Constitución de 1980 impuesta por la dictadura».
«Y hace pocos días, a propósito de las enmiendas presentadas, también sacamos un pronunciamiento público con la adhesión de importantes organizaciones sociales y de derechos humanos que va en la misma dirección y expresa nuestro pensamiento de que la mayoría circunstancial que opera dentro del Consejo Constitucional busca imponer una constitución ilegítima, que pretende perpetuar un orden social injusto, vulnerando los derechos humanos que están consagrados precisamente en los distintos tratados internacionales de derechos humanos que el Estado de Chile está obligado a respetar».
«El problema mayor es que lo que pretende esta mayoría, que no sólo son los republicanos, sino que también Chile Vamos, es que a través de estas enmiendas se continúe con la mercantilización de los derechos sociales, particularmente en materia de salud, seguridad social, y educación. Esto se traduce en la mantención del Estado subsidiario, entregándole al mercado la provisión de derechos sociales que debieran ser garantizados por el Estado», asegura.
«Entonces, es preocupante la situación, porque estas enmiendas lo que hacen, por ejemplo, es constitucionalizar el modelo de ISAPRES, constitucionalizar el modelo de la AFP, y mantener el modelo de educación segregado por capacidad económica de los padres y apoderados que tanto reproche tuvo y tiene por parte de la inmensa mayoría de chilenos y chilenas», afirma el presidente de la comisión.
Margotta recuerda que «Hay que tener presente que el Estado subsidiario impide justamente el ejercicio de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud. Por eso decimos que se pretende perpetuar un orden social injusto, contrario a los derechos humanos».
«Esto no sólo constituye un incumplimiento de obligaciones internacionales derivadas de la suscripción y ratificación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, sino que además produce una afectación muy grave en la calidad de vida de los chilenos. Aumenta la desigualdad social y la imposibilidad de ejercer derechos básicos, lo que trae como consecuencia que no se alcance la paz social, frustrando así la aspiración mayoritaria de los chilenos y chilenas: avanzar hacia un proyecto de sociedad democrática verdadera donde la paz social sea el fruto del respeto y garantía de los derechos humanos», asegura.
Para el dirigente, «Lo que promueven las enmiendas presentadas por republicanos es que los tratados internacionales tengan un rango inferior a la Constitución. Y por tanto, que sea la norma constitucional la que prime y no lo que las normas consagradas en los tratados ratificados por el Estado de Chile establecen. Eso es tremendamente grave porque significa un retroceso civilizatorio muy relevante».
«Los derechos humanos son una conquista de la humanidad, son un avance civilizatorio que ha permitido justamente avanzar en una sociedad más justa y libertaria y aquí lo que se pretende justamente es regresar al tiempo a las cavernas y eso es lo más complejo a nuestro entender, porque afectaría la vida de cada uno de nosotros que integramos la sociedad chilena», afirma.
Para Margotta, incluso la propuesta sería un retroceso en relación a la propia constitución de 1980: «Claro, porque este partido lo que promovió desde el inicio del proceso constituyente con la Convención Constitucional pasada fue rechazar del primer momento, porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con modificar la Constitución de 1980. Porque pensaban y piensan que el texto constitucional actual no requiere ningún tipo de modificación».
«Pero resulta que son contradictorios al promover este rango inferior desde el punto de vista jerárquico de los tratados internacionales, porque el inciso segundo del artículo quinto de esta Constitución —que ellos defienden— señala justamente que tienen rango constitucional al señalar que “es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
«Por otro lado -afirma, hay que tener presente otro argumento. El artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, el cual está suscrito por el Estado de Chile, señala que ningún Estado podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado. Esto también reza para los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, que ninguna norma de derecho interno puede ser contrario a los tratados internacionales de derechos humanos que se encuentran vigentes en nuestro país y, por lo tanto, tienen jerarquía supraconstitucional».
«Y esto es muy relevante, porque si se abriera paso esta enmienda, de que los tratados internacionales tendrán un rango inferior que la propia Constitución, no sería válido ante la comunidad internacional y haría incurrir al Estado de Chile en responsabilidad internacional».
Sobre el beneficio a los mayores de 75 años, que no cumplirían cárcel efectiva, indica que «Me parece también que en el marco de la conmemoración de los 50 años es interesante ver que esta enmienda, que lo que promueve es que se cambie la pena de reclusión para las personas condenadas mayores de 75 años a arresto domiciliario. Y esto va muy en armonía con lo que ellos han planteado desde siempre. Ellos (republicanos) reivindican el golpe de Estado, relativizan la violación de los derechos humanos, las niegan y reivindican a aquellos que están hoy día cumpliendo penas privativas de libertad en Punta Peuco por crímenes contra la humanidad».
«Respecto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el Estatuto de Roma, en el artículo 110, se establecen ciertos criterios para efectos de conceder y otorgar reducciones de pena cuando se trata de crímenes contra la humanidad. Ahí se señala —entre otros criterios— que para recibir un beneficio el preso debe haber cumplido al menos dos tercios de la pena impuesta, ó veinticinco años de prisión en caso de presidio perpetuo. Pero lo más importante, es que se exige que el preso haya colaborado con la justicia. Y esto no se ha cumplido. Cabe mencionar que todavía hay 1.182 detenidos desaparecidos que no se sabe qué paso con ellos y quienes tienen la información se han negado a entregarla por el denominado pacto de silencio», indica.
Por esta y otras consideraciones, como la eventual derogación del derecho al aborto en las 3 causales, Margotta reflexiona que «De lo que hay hoy día, por supuesto que nosotros estamos en contra. Hemos conocido el texto de la comisión experta. Ese anteproyecto vulnera gravemente los derechos humanos y constituye un retroceso porque mantiene intactas las bases del modelo político-económico que se consagró normativamente en la constitución del 80’. Y sabemos que esa Constitución es el obstáculo que tiene el pueblo de Chile para avanzar hacia una sociedad verdaderamente democrática, fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos».
Y, de aprobarse el texto constitucional, estima que «si producto de la campaña del miedo y de desinformación a través de las redes sociales y los medios de comunicación hegemónicos se aprobara este texto constitucional, el 17 de diciembre próximo, por su contenido violatorio a los derechos humanos sería inválido, sería nulo ante el derecho internacional de los derechos humanos y ante la comunidad internacional. Porque hay un principio básico también dentro de la doctrina internacional de derechos humanos que dice que no se puede invocar soberanía para violar los derechos humanos», manifiesta.
«Le voy a dar un ejemplo: supongamos que el día de mañana se realice un plebiscito para consultarle a la ciudadanía si estaría de acuerdo en que se aplique la tortura por parte de los organismos policiales para una mejor persecución de los delitos comunes. Y supongamos que el 80% de la población estuviera de acuerdo. Bueno, sería un acto soberano, ¿Cierto? Pero no sería válido ante el derecho internacional de los derechos humanos y haría incurrir al Estado de Chile en responsabilidad internacional. Sería total y completamente nulo. ¿Por qué? Porque la soberanía reconoce como un límite el respeto y garantía de los derechos humanos», concluye.
