Hace 47 años, Carmelo Soria Espinoza, economista y diplomático español de 54 años, fue secuestrado, torturado y luego asesinado. Casi cinco décadas después, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva y condenó por su homicidio a seis exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
«Lo que puedo decir es que el 16 de julio 1976 mi madre dijo que esto era un crimen político. El 22 de agosto 2023 el Poder judicial nos da la razón de que nunca mentimos. Fueron 47 años sosteniendo una verdad silenciada por los poderes del Estado. Las condenas son miserables y esto demuestra, una vez más, lo desigual y oportunista que es el poder judicial. Eso es lo que opino», dijo en una breve conversación con Estapasando Carmen Soria, hija del diplomático.
Y agregó: ¿A usted le parece que a 47 años de un crimen esto se llame justicia? ¿Un poder judicial y un estado que ampara este actuar que no hizo lo que corresponde no sólo con el asesinato de nuestro padre si no con muchos?»
Al momento de su captura Carmelo Soria trabajaba como jefe de la sección Editorial y de Publicaciones del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade), organismo dependiente de la Cepal y, a la vez, Naciones Unidas. Tras el golpe de estado utilizó su inmunidad diplomática para ayudar a varios perseguidos políticos a asilarse en embajadas.
La tarde del 14 de julio de 1976, al salir de su oficina en Providencia fue abordado por agentes de la Brigada Mulchén de DINA que lo condujeron con rumbo desconocido.
Según estableció el fallo, “la víctima fue privada de su libertad por agentes armados de la DINA, los que lo trasladaron a un lugar oculto, donde se le mantuvo por horas vendado y amarrado, siendo sometido a interrogatorio bajo apremios físicos que le produjeron la muerte, de manera que resulta claramente identificable que los agentes realizaron dos cúmulos de acción ilícitas, completamente diversas, las primeras realizadas con el propósito de privar de libertad al sr. Soria Espinoza, en tanto que las segundas, fueron perpetradas para ocasionarle la muerte”.
Después de ser torturado y asesinado, su cadáver fue arrojado junto a su automóvil, con las llaves puestas y sin la radio, en un riachuelo en el sector de La Pirámide, en el sector norte de Santiago. El vehículo estaba con las puertas cerradas, con algunos vidrios quebrados y, en su interior, había una botella de pisco. Era un montaje burdo para simular un accidente.
El proceso en busca de una esquiva justicia tuvo una serie de tropiezos desde 1976. Incluso durante un mes en 1993 pasó a la justicia militar y, más aun, el proceso fue sobreseído por los tribunales por aplicación de la ley de amnistía que impulso la dictadura para los crímenes cometidos entre 1973 y 1978.
En 1997, Carmen Soria y su abogado, Alfonso Insunza, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación por parte del Estado de Chile al derecho al acceso a la justicia.
El crimen, que también fue investigado en España por el juez Baltasar Garzón, formó parte del «caso Pinochet», que llevó a la detención del dictador en Londres, en 1998.
LA SENTENCIA
La Corte Suprema condenó a los jefes de la DINA Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, a 15 años y un día de presidio como autores del homicidio, mientras que Juan Morales Salgado fue sentenciado a 10 años y un día de presidio como autor del homicidio. A ellos la pena no se les extendió a asociación ilícita pues los tres tienen condenas previas por ese delito por el doble asesinato, en 1974 en Buenos Aires, del excomandante en jefe del Ejército chileno Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, a quienes les instalaron una bomba en el automóvil en que se movilizaban.
Guillermo Salinas Torres, en tanto, fue condenado a 15 años y un día de presidio como autor del homicidio y a 541 días más como autor de asociación ilícita. Y los ex militares René Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé a 10 años y un día de de cárcel -como autores- y a 541 días por asociación ilícita.
Además, el general de Ejército en retiro Eugenio Covarrubias Valenzuela fue sentenciado a cuatro años de presidio por infracción al artículo 212 del Código Penal -presentación de declaración falsa bajo promesa o juramento- y el exfiscal militar Sergio Cea Cienfuegos a 600 días de presidio como autor de falsificación de instrumento público.
Pedro Espinoza ya suma más de 200 años en condenas por violaciones a los derechos humanos.
