Nacional y economía

Casi $26 mil millones en tratos directos tienen a la municipalidad de Antofagasta en la mira de Contraloría

Agencias

En la mayoría de los casos se utilizó la causal de “urgencia e imprevisto” para ser autorizadas, pero no cumplían las justificaciones adecuada.

Un informe emanado por la Dirección de Control de la Municipalidad de Antofagasta a petición de la Contraloría General de la República reveló irregularidades por casi $26 mil millones en tratos directos realizados por el municipio entre enero de 2021 y junio de 2023.

Según el estudio reproducido por BioBío Chile, durante ese periodo se ejecutaron 34 contrataciones bajo la modalidad “excepcional” de trato directo por un total de $28.067.952.441 (veintiocho mil sesenta y siete millones novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y un pesos).

De estas, 24 contrataciones que suman $25 mil 921 millones fueron objeto de observaciones por la Dirección de Control en el reporte. En ellas se utilizó la causal de “urgencia e imprevisto” para ser autorizadas, pero no cumplían las justificaciones adecuada y solo hacían mención a la ley, por lo cual “no se ajustan a la legalidad”.

LAS CONCLUSIONES

El informe destaca que la “urgencia” aplicada a las contrataciones que fue citada en muchos casos se originó por la falta de diligencia y gestión de las unidades responsables, que no realizaron el llamado a licitación pública con la necesaria anticipación, práctica que contraviene la normativa vigente.

Asimismo, varios contratos se mantuvieron por extensos periodos sin aprobación formal, sin las garantías adecuadas y sin los seguros de responsabilidad correspondientes.

Estas acciones contravienen el principio de probidad administrativa, donde se destaca la omisión de la propuesta pública y el contravenir los deberes de eficiencia y legalidad que rigen el desempeño público.

El caso más emblemático es la contratación de servicios esenciales para la comunidad como el barrido de calles, recolección de residuos domiciliarios, mantenimiento de semáforos y servicios de vigilancia, entre otros. Estas contrataciones directas, que en algunos casos superan los dos años con una misma empresa, «reflejan una falta de transparencia y un perjuicio económico para las arcas municipales, al no obtener precios de mercado competitivos».

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