Caso Canasta: El caso de corrupción que sacude Antofagasta.
Un nuevo caso de corrupción sacude a la política chilena. Equivale a 10 veces el Caso Convenios y 150 veces el caso de Karen Rojo.
«Caso Canasta». Ese es el nombre que recibe la investigación de un posible fraude millonario en la compra de canastas de alimentos en la región de Antofagasta mientras el país era azotado por el pandemia de Covid-19.
Con bombos y platillos, el gobierno anunciaba en plena crisis sanitaria el programa «Alimentos para Chile», que iría en ayuda a las familias que estaban siendo más golpeadas por la pandemia.
Recordemos que según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) un 28% de los trabajadores declaró una reducción de sus ingresos laborales durante el 2020, esto equivale a casi 2 millones de trabajadores. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostenía que Chile tuvo una reducción anual del 17% lo que equivale a una pérdida anual de 1.373.000 empleos de jornada completa durante la pandemia.
La ayuda era totalmente necesaria para la familias más afectadas.
Los hechos
Con el programa iniciado, el entonces intendente de Antofagasta Edgar Blanco (RN) aprobó la compra directa de más de 100 mil canastas por un valor de más de $4 mil millones, todo esto distribuido entre cuatro empresas.
No obstante, rápidamente sonaron las alarmas en la Contraloría General de la República. Una investigación evidenció que las empresas no cumplían con los requisitos para ser contratadas como proveedores del Gobierno.
La primera empresa involucrada, Limpieza Industrial, surgió apenas días antes de adjudicarse la licitación. La sociedad que nació el 25 de marzo del 2020 tiene como dueño a Pablo Ormeño Fredes, un conocido empresario local y amigo del entonces intendente y ex subsecretario de Minería de Sebastián Piñera, Edgar Blanco.
Con solo dos semanas de vida, Limpieza Industrial se adjudicó la compra de mascarillas por $1.648 millones.
EDS JCM Spa y Need Solutions, son otras de las empresas cuestionadas. Ambas cambiaron sus giros pocos días antes de adjudicarse licitaciones por $1.665 millones.
Cuando el caso llegó a manos de la Fiscalía hubo una situación que les llamó la atención: los contratos fueron modificados justo antes de solicitar las cotizaciones.
Adicionalmente, a casi cuatro años de la maniobra, uno de los propietarios de las empresas contratadas está cumpliendo prisión preventiva por el delito de estafa, mientras que dos de las sociedades fueron demandadas y se declararon en quiebra.
Una de las grandes incógnitas para el Ministerio Público es saber si el dinero fue malgastado o desviado. Esta última opción es la más gravosa pues constituye un fraude al fisco. A pesar de todo, el exintendente Blanco podría marcar un hito, al ser este movimiento como uno de los delitos económicos más millonarios en la historia reciente de Antofagasta.
Las complicaciones de la investigación
Las preguntas son muchas y los avances pocos. Recién en agosto de 2024, el Juzgado de Garantía de Antofagasta ordenó reabrir la investigación y llevó a que la Fiscalía emitiera nuevas órdenes de indagación.
Hace poco más de una semana la Policía de Investigaciones (PDI) incautó documentos, archivos digitales, y lo más destacable, el celular del exintendente Edgar Blanco, que podrían conducir al encuentro de nuevas pruebas y argumentos para esclarecer la situación de la compra de las canastas.
El Caso Canasta vuelve a poner en la mesa que la urgencia de la pandemia obligó a generar contratos directos y realizar muchos gastos que hoy son puntos grises. Un peligro claro de esa falta de información es la corrupción.
«La emergencia puede producir espacios de mucha arbitrariedad en la asignación de recursos públicos, de mala distribución, incluso, hechos de corrupción cuando se trata de contratar empresas que van a proveer bienes o servicios para ayudar a la población», señalaba en su momento a Ciper Manuel Henríquez, investigador del Observatorio Fiscal.
¿En qué está la investigación? La indagatoria sigue en curso y está a la espera de nuevos antecedentes que darán luz a uno de los mayores casos de corrupción que se ha visto en regiones, solo igualando a las irregularidad imputadas al exalcalde de San Fernando, Luis Berwat, quien cumple arresto domiciliario total por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, por un monto cercano a los $4 mil millones.
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