El jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, la directora de presupuestos de Gobierno, Javiera Martínez y el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, todos militantes de Revolución Democrática (RD), declararán este jueves ante el fiscal regional de Antofagasta, Christian Aguilar.
El Ministerio Público indagará con respecto a su participación en el convenio del Gobierno Regional de Antofagasta, liderado por Ricardo Díaz (exRD) y la Fundación Procultura, del psiquiatra Alberto Larraín.
Este contrato se firmó por una renovación de la fachada de la ciudad nortina, y tuvo un costo por $630 millones. El problema es que la fundación en cuestión no tenía un giro de actividades que se vincule con esta tarea, que tampoco realizó nunca con anterioridad.
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Por otra parte, Crispi también deberá aclarar su rol dentro de los convenios de Democracia Viva, también en la segunda región. Esta semana justamente, el ahora imputado en la causa, el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, afirmó que Crispi «omitió información» sobre el caso al Presidente Gabriel Boric y a la comisión investigadora del Congreso.
De acuerdo a información de La Tercera, la declaración se enmarca en la querella presentada por los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Cristián Araya: en el caso de Jackson, se debe a la titularidad que tenía del ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), la que, de acuerdo al matutino, incide en el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), la que habría dictado una instrucción que “los controles sobre el destino y uso de los fondos públicos asignados mediante convenios”, se lee en la publicación.
En la querella citada se lee: “Todo ello permitió la consumación de múltiples ilícitos, entre ellos, aquellos que se investigan en la presente carpeta judicial”.
En cuanto a Martínez, ella dictó una resolución que habilitó la modificación del presupuesto de la Gobernación Regional (GORE) de Antofagasta para entregarle $460 millones a la cuestionada fundación ProCultura. Esto, tras la habilitación de la organización por parte del subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Miguel Crispi. A ello se suman, de acuerdo a la misma querella, que Martínez tendría lazos con Democracia Viva, pues estuvo en el directorio de la Fundación Rumbo Colectivo entre octubre de 2020 y marzo de 2022, la que habría recibido aportes por parte de Democracia Viva.
