El viernes está agendada la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo Guzmán, acusado de disparar a Gustavo Gatica con una escopeta antidisturbios en una manifestación del 8 de noviembre de 2019 en Plaza Baquedano, donde el joven perdió totalmente la visión en ambos ojos.
El Ministerio Público pide una pena de 12 años de presidio para el exuniformado.
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Sin embargo, ello está en duda, porque su defensa presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía una solicitud de audiencia de cautela de garantías debido a que su representado “no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en el Código Procesal Penal y tratados internacionales vigentes”.
De acuerdo con el abogado Pedro Orthusteguy, se detectaron firmas falsas de oficiales a cargo de la PDI de al menos nueve registros policiales de la investigación.
NO ES ALGO NUEVO
Esto ya ocurrió en una causa de 2018 del Día del Joven Combatiente donde Claudio Crespo estaba acusado de apremios ilegítimos, detención ilegal y obstrucción a la justicia, lo que fue desestimado por el Segundo Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago en decisión dividida, el 18 de junio de este año.
Estos hechos -argumenta ahora el exfiscal Orthusteguy-, corresponden a una falsificación de instrumento público y están siendo investigados por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.
Agrega: “Este gravísimo hecho vulnera lo dispuesto en el artículo 228 del Código Procesal Penal para el registro de las actuaciones policiales, impidiendo de manera insalvable a esta defensa conocer quién efectivamente realizó una determinada diligencia de investigación y por lo tanto ejercer su derecho a defensa durante el juicio oral».
«VULNERACIÓN IRREPARABLE»
Por lo tanto, sostiene, «atendido que esta vulneración es irreparable y que no existen medidas necesarias suficientes que permitan el ejercicio del derecho a defensa, solicito que se discuta en la audiencia el sobreseimiento temporal de la causa”.
El abogado dijo a La Tercera que tras el caso de 2018 «pedimos un peritaje documental en el caso Gatica que confirmó que las firmas del oficial del caso y otros oficiales de la PDI habían sido falsificadas. La ley obliga a firmar las diligencias de investigación por quien las realiza y no por cualquier persona”, puntualizó.
El detective cuestionado forma parte de la Brigada de Derechos Humanos de la policía civil.
