El diputado del Biobío, Eric Aedo (DC) criticó la medida: “La investigación de corrupción debiera ser abierta a la gente, de cara a la ciudadanía”, dijo. En tanto, desde el Ministerio Público precisaron que son seis las fundaciones en la mira.
Por instrucción de la fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional del Biobío, María José Aguayo, las indagatorias, desde este sábado, son de carácter secreta. Así se busca evitar que los inculpados se coordinen.
Lo anterior se suma a una precisión respecto a las mismas pesquisas que realizan las Brigadas de Delitos Económicos y la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones, junto al Ministerio Público: son seis las fundaciones y organizaciones las que están en la mira de los persecutores.
Se trata de Red Cultivarte, Horizonte Ciudadano, Urbanismo Social, Educación Financiera, Corporación Impulsa y Fundación En Ti.
La fiscal Aguayo señaló: “Se llevan a cabo seis investigaciones relacionadas a los Casos Convenios: cuatro de ellas iniciadas de oficio por parte de la Fiscal Regional, y dos de ellas previa denuncia o querella. Lo que nosotros debemos investigar es si, a propósito de este marco legislativo, de esta actitud o laxitud de este, se incurrió, por parte de particulares o funcionarios públicos, en algún ilícito relacionado, ya sea, al momento de celebrar este convenio, como también en la ejecución y rendición de cuentas del mismo”.
Por su parte, el diputado Eric Aedo (DC) criticó la decisión. Sin embargo, esbozó el argumento detrás de ella: “La investigación de corrupción ligada a ‘Lencería‘ debiera ser abierta a la gente, de cara a la ciudadanía. Si la han decretado secreta, me imagino que es que no quieren que se coordinen quienes están en la entrega de $250 millones y obtener resultados. Eso es lo importante en este momento: que existan resultados respecto a estos actos de corrupción que han ocurrido en la región del Biobío. Espero que la Fiscalía haga adecuadamente su tarea”, declaró.
