Este miércoles se desarrolló una audiencia de suspensión condicional del procedimiento contra once médicos extranjeros -principalmente colombianos- investigados por el millonario fraude a Fonasa por la venta de licencias falsas.
Se trataría de más $700 mil millones defraudados al sistema de salud público, equivalentes al 25% del presupuesto del Fondo Nacional de Salud.
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Los médicos aceptaron la suspensión condicional del procedimiento y el decimocuarto Juzgado de Garantía de Santiago estableció como condiciones fijar domicilio y el pago de un subsidio en distintas cuotas.
La Fiscalía Oriente solicitó la expulsión del país para tres de ellos.
NINGUNO ES PSIQUIATRA
El querellante Rodrigo Varela detalló sobre estas tres personas que «por dos razones fundamentales es que se está solicitando la expulsión. Una es porque una vez que ellos llegan, sin tener ningún tipo de arraigo en el país, inmediatamente comenzaron a cometer el delito de venta de licencias médicas».
«En segundo lugar, porque serían aquellos que cumplen con requisitos de la Ley de Extranjería para ser expulsados», agregó el abogado, que en este caso representa a tres isapres.
También detalló que ninguno de estos médicos tenía la especialidad de psiquiatría, a pesar de que casi el 95% de sus licencias eran de esa área.
Los abogados de la defensa, en tanto, recalcaron que, a pesar de las multas y sanciones impuestas en el procedimiento abreviado, que incluyen la prohibición de emitir licencias médicas en Chile, todavía no existe una sanción que les impida ejercer la profesión, lo que podría permitirles abrir una consulta en el futuro.
Asimismo, se informó que el próximo 9 de julio se realizará la audiencia de preparación de juicio oral de otros 17 acusados de esta causa, correspondientes a doce médicos y cinco sujetos que eran los líderes de la organización criminal dedicada a defraudar a Fonasa.
FALSOS PACIENTES
Al Centro de Justicia llegaron también 18 falsos pacientes acusados de comprar licencias médicas que provocaron un perjuicio equivalente a $194 millones.
Se definió una salida alternativa para ellos: la suspensión condicional del procedimiento, eso sí, pagando la totalidad de los dineros que recibieron ilegalmente a través de las licencias que habían comprado.
Sólo 11 la aceptaron, mientras que siete la rechazaron.
Otros once imputados no se presentaron a la audiencia.
