Política

Caso Puerto Coronel: Rechazan reprogramar audiencia de alcalde Chamorro

Fotografía del alcalde Boris Chamorro

Rechazan la solicitud hecha por la defensa del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, que buscaba suspender y reprogramar la audiencia de formalización en su contra, por el denominado caso Puerto Coronel.

Mediante un escrito, el abogado defensor Waldo Ortega, rogaba pedía la fecha de la audiencia, pues también tenía otras dos audiencias paralelas: una en Santiago y la otra en Concepción.

Sin embargo, en una resolución de cinco líneas, el juez Jorge Henríquez desestimó la presentación, subrayando en la complejidad de la causa, la connotación pública de la misma, la citación ya a todos los intervinientes y además la programación especial que se hizo de la audiencia, la que se extendería durante cinco días, es decir, desde el lunes 7 al viernes 11 de octubre.

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Por lo que la audiencia, seguirá para el lunes 7 de octubre, donde la fiscal Glenda Lagos imputará por cohecho al alcalde y candidato a la reelección Boris Chamorro y al concejal Eduardo Araya.

Junto a Chamorro y Araya, también serán formalizados Hernán Romero, hermano de diputado Leonidas Romero (administración desleal); Eduardo Hartwig, expresidente de Puerto Coronel (soborno); Víctor Olivares (soborno); Daniel Chamorro (soborno y administración desleal); y Javier Anwandter, exgerente de Puerto Coronel.

La otra causa

A mediados de septiembre de 2024, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se había querellado contra el alcalde Chamorro y el concejal Araya, por el delito de cohecho en el marco del Caso Puerto Coronel, en el que se investiga un posible pago de coimas desde la empresa portuaria emplazada en la comuna. De acuerdo con la indagatoria, se habrían pactado pagos mensuales de hasta $4 millones.

Junto con esto, CDE también apuntó al fundador de la firma Puerto Coronel, Eduardo Hartwig; el gerente de finanzas, Daniel Chamorro; y Víctor Olivares, uno de los principales proveedores de la compañía portuaria y quien ha sido indicado como el que ejecutaba el pago ilícito en dependencias municipales.

 

 

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