La utilización de teléfonos móviles durante la jornada escolar se ha convertido en un desafío frecuente para los educadores. Además de lidiar con la ausencia de alumnos, los problemas de convivencia y las dificultades de aprendizaje, los profesores también se encuentran compitiendo con los teléfonos para captar la atención de sus estudiantes en el aula.
La situación ha alcanzado tal gravedad y amplitud que algunas instituciones educativas ya han anunciado la implementación de medidas restrictivas. Un ejemplo de ello es el Colegio San Ignacio El Bosque en Providencia, que recientemente informó a los padres que, durante el año escolar 2024, se llevará a cabo una nueva política de «prohibición del uso de celulares».
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En el punto VI de la comunicación, se detalla que, tras un proceso de reflexión que incluyó consultas con educadores, el Centro de Alumnos (CASI) y el Centro de Padres, Madres y Apoderados (CPMyA), la institución ha decidido prohibir el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos personales durante toda la jornada escolar, incluyendo tanto las clases como los recreos.
Esta medida tiene dos objetivos principales: preservar la concentración necesaria de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y fortalecer los vínculos interpersonales, frecuentemente debilitados por la tendencia a aislarse en interacciones virtuales a través de las redes sociales.
PROHIBICIÓN DE TELÉFONOS
Se ha observado que esta prohibición también está siendo adoptada por otros colegios, como Santa Úrsula, The Grange School, Los Alerces, San Isidro, Wenlock, entre otros.
Además, cabe destacar que la idea de prohibir el uso de celulares durante la jornada escolar ya está siendo discutida en el Congreso. La bancada de diputados de Renovación Nacional presentó un proyecto de ley que busca aplicar esta prohibición en todos los niveles de educación, hasta enseñanza media.
Según la propuesta, el uso de celulares solo podría flexibilizarse en situaciones en las que el proceso formativo lo requiera y con la autorización de la dirección del establecimiento.
El Ministerio de Educación también sería responsable de fomentar el uso responsable de la tecnología, abordando tanto los riesgos como los beneficios que esta conlleva para el avance educativo de los estudiantes.
Cabe mencionar que esta medida ya está siendo implementada en países como Nueva Zelanda, Inglaterra, Francia y Holanda, y el debate está presente en lugares como España.
