La comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados por el Caso Convenios acudirá a la Contraloría General de la República por la inasistencia de Miguel Crispi a esa instancia.
Con seis votos a favor y tres en contra, los congresistas acordaron oficiar al ente fiscalizador y que se inicie un «procedimiento administrativo sancionador» en contra del jefe de Asesores de La Moneda, quien también enfrenta una querella.
«En razón a las excusas presentadas por parte del exsubsecretario de Desarrollo Regional y actual Jefe de Asesores de la Presidencia de la República, Miguel Crispi, es que en razón a la obligación que comparecer ante la Comisión Investigadora por parte de Ministros de Estado y funcionarios de la Administración del Estado (…) es que se deben remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República con el propósito de iniciar el procedimiento administrativo sancionador», fue lo votado este jueves por la comisión.
El escrito fue aprobado por la diputada Chiara Barchiesi (Republicanos), Juan Carlos Beltrán (RN), Juan Fuenzalida (UDI), Marcos Ilabaca (PS), José Miguel Castro (RN) y Raúl Soto (PPD). Se opusieron las diputadas Mercedes Bulnes (IND), Ericka Ñanco (RD) y Carolina Tello (PC).
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«FALTA DE RESPETO»
Para el diputado Soto (PPD) «lo que ha hecho el señor Crispi, al negarse a venir a la Comisión Investigadora por segunda vez, es una falta de respeto para este poder del Estado, es una falta de respeto para la labor fiscalizadora que tenemos en la Cámara de Diputados, habiendo sido además el señor Crispi diputado y conociendo esta facultad fiscalizadora», agregó.
Agregó que «más allá de la discusión jurídica que va a ser zanjada por la Contraloría respecto de si es funcionario público o no, respecto de si tenía la obligación o no de venir o podía excusarse, tenía el deber ético, el deber político de dar la cara, de aportar antecedentes, de defenderse, de dar explicaciones de los casos respecto de si tiene un rol o no en el Caso Convenios y cuál es este».
«Porque de lo contrario, cuando hay defensas corporativas, lo que ocurre es que se le termina haciendo un daño al propio Gobierno y quienes lo hacen se están disparando en los pies», enfatizó.
En tanto, la diputada Ericka Ñanco (RD) planteó que «esta comisión lamentablemente desde un inicio ha demostrado que no es una comisión imparcial» y acusó «un ánimo mucho más grande de querer atacar y perseguir políticamente a una persona».
