Las normas de descentralización se han convertido en el epicentro de un importante movimiento. El jueves pasado, el Pleno del Consejo Constitucional dio luz verde a una serie de regulaciones que tienen como objetivo central fomentar la descentralización.
Estas normas están encuadradas en el Capítulo VI de la propuesta de nueva constitución. El título es «Gobierno y Administración Regional y Local», según el portal Proceso Constitucional.
Dentro de las áreas clave que abarcan estas normas de descentralización, se encuentra la organización del territorio, que involucra a regiones, provincias, comunas y territorios especiales. El propósito es lograr una integración armónica que promueva la sustentabilidad y el desarrollo del país.
Uno de los principios fundamentales consagrados en estas normas de descentralización es el de la radicación preferente. Esto significa que se dará prioridad a que las funciones públicas se lleven a cabo en el nivel en el que sean más eficientes y eficaces, dando así preferencia al nivel local sobre el regional y, a su vez, al regional sobre el nacional.
Jorge de la Maza (PRep), consejero, destacó que actualmente es «humillante» para las autoridades administrativas regionales tener que trasladarse a Santiago en busca de avances en áreas como la infraestructura pública.
No obstante, hubo un artículo relacionado con la prohibición de tutela que no obtuvo la aprobación del Consejo. Esto implicaba que el gobierno central no tuviera la autoridad de decidir sobre las competencias de los gobiernos locales y regionales. Sin embargo, esta disposición será «observada preferentemente» junto con los demás principios consagrados.
Normas de descentralización aprobadas por el Consejo Constitucional
En otro ámbito, se logró aprobar que la ley establezca mecanismos para respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas en las regiones y comunas, especialmente en aquellas áreas donde su población es significativa. A pesar de ello, se rechazó una enmienda de Unidad para Chile que buscaba «garantizar» estos derechos.
El consejero Christian Suárez (PS) criticó la falta de «una política verdaderamente descentralizadora» que permita avanzar hacia un Estado regional, y señaló que el texto mantiene «las mismas normas declarativas que han existido siempre».
Otro de los principios que no logró la aprobación es el de la interdicción de la arbitrariedad presupuestaria, que se refiere a la distribución equitativa de recursos para las regiones.
No obstante, las normas que sí quedaron en el texto incluyen la responsabilidad y sostenibilidad fiscal, la solidaridad y la equidad territorial. También se incluyó la coordinación y asociatividad, sin menoscabo del deber del Estado de «dictar orientaciones nacionales desde el nivel central».
El consejero Edmundo Eluchans (UDI) opinó que si bien las normativas descentralizadoras son «insuficientes», representan un paso hacia «la dirección correcta».
Desde Unidad para Chile, surgieron cuestionamientos sobre la composición de la Comisión Experta, mayormente compuesta por santiaguinos, que presentó avances más significativos que la propuesta del Consejo Constitucional, el cual está integrado por consejeros de regiones. El consejero Aldo Valle (PS) consideró que se está «perdiendo una oportunidad histórica».
Puntos aprobados:
- Impulsar la descentralización como objetivo principal de las normas.
- Organización del territorio en regiones, provincias, comunas y territorios especiales.
- Principio de radicación preferente, que prioriza las funciones públicas a nivel local sobre el regional y el regional sobre el nacional.
- Establecimiento de mecanismos para respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas en las regiones y comunas.
- Principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal, solidaridad y equidad territorial, coordinación y asociatividad.
- El deber del Estado de dictar orientaciones nacionales desde el nivel central.
Puntos no aprobados:
- Prohibición de tutela, es decir, que el gobierno central decida sobre las competencias propias de los gobiernos locales y regionales.
- Interdicción de la arbitrariedad presupuestaria, que se refiere a la distribución equitativa de recursos para las regiones.
