Consejo Constitucional aprobó artículos sobre nacionalidad y mecanismos para ejecutar derechos sociales.
La sesión sometió a votación los artículos del 17 al 29 bis y, entre los temas aprobados, se cuenta la indicación que establece que son chilenos los nacidos en nuestro país «con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena».
En el texto aprobado, además, se reforzó que la nacionalidad chilena se pierde, entre otros puntos, por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente y por decreto supremo.
En caso de «prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados y por cancelación de la carta de nacionalización».
Asimismo, se aprobó que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.
Por 36 votos a favor, 13 en contra y una abstención, del Consejo Constitucional se aprobó que la calidad de ciudadano se pierde, entre otras cosas, por «condena de delitos que la ley califique como conducta terrorista, y los relativos al tráfico de estupefacientes, trata o tráfico de personas».
Además, se pierde por «los delitos que hayan cometido autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y que hubieren merecido, además, pena aflictiva».
El consejero Alihuen Antileo (independiente-Pueblos Originarios) recordó que fue «apátrida» y que por ocho años tuvo esa condición junto a su familia.
DERECHOS SOCIALES
Otro de los puntos abordados y votados en el Pleno del Consejo Constitucional fue que el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación. Aprobada por unanimidad.
Además, las y los consejeros de las bancadas de Chile Vamos y el Partido Republicano, al hacer valer su mayoría, aprobaron varios literales en relación a que para aplicar tales prestaciones se debe considerar «el desarrollo progresivo para lograr la efectividad de los mismos, el aseguramiento de un nivel adecuado de protección para cada derecho, la no discriminación arbitraria, y la responsabilidad fiscal y la satisfacción a través de instituciones estatales y privadas».
Se aprobó por unanimidad en el Consejo Constitucional la norma del anteproyecto de la Comisión Experta que precisa que las medidas adecuadas para la realización de estas prestaciones serán determinadas por la ley y las normas fundadas en ella, y que para llevarlas a cabo «los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas».
También se aprobó que las personas que por «causa de actos u omisiones ilegales sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio» sobre tales derechos sociales podrán recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva.
Uno de los que intervino en este punto fue el consejero Miguel Rojas (Partido Republivano), quien indicó que «en un Estado de derecho, con separación de poderes, son los tribunales los encargados, en último término, de resguardar los derechos de las personas que recurren a ellos en búsqueda de justicia».
Tras la votación, la consejera María Pardo (Convergencia Social) señaló que en la actualidad, «en la Constitución del 80, sólo se puede recurrir ante tribunales si ciertos derechos se ven afectados. Sabíamos que eso era insuficiente y por eso es que el anteproyecto se hizo cargo de esta problemática; sin embargo, hoy, tras las normas que fueron aprobadas por las derechas, vemos que estos avances se ven seriamente limitados».
«Los derechos no pueden ser letra muerta. Quizá estas normas sobre garantías son más técnicas de cara a la ciudadanía, (pero) son muy importantes, porque lo que hacen es permitir que precisamente los derechos lleguen efectivamente a la ciudadanía y que cuando sean afectados esa afectación puede ser corregida», alertó.
Mientras que la consejera Kinturay Melin (Revolución Democrática) dijo que los tribunales siempre deben revisar cada caso en detalle, más todavía si se trata de asegurar los derechos sociales de los chilenos, en especial, los más vulnerables
