El Consejo Constitucional continuó este miércoles avanzando con la votación del anteproyecto de nueva Constitución, con el despacho de los capítulos relativos a Seguridad Pública y Defensa Nacional, dedicados a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad (Carabineros, PDI y Gendarmería).
Entre las normas destacadas que fueron aprobadas por el órgano, se encuentra la que crea una nueva policía fronteriza, la que «será encargada del control, patrullaje y resguardo de las fronteras terrestres nacionales en la forma que determina la ley institucional».
Para su conformación, el Presidente de la República tendrá un plazo de cinco años desde entrada en vigencia la nueva Constitución (si es que es aprobada en el Plebiscito del 17 de diciembre) para ingresar un proyecto que cree este nuevo cuerpo uniformado.
Junto con esto, se visó que «ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señale la ley de quórum calificado, sin autorización otorgada en conformidad a esta», y que «la ley determinará el marco para el uso de la fuerza que pueda ser utilizada en el ejercicio de las funciones de las instituciones autorizadas por esta».
Asimismo, se respaldó por unanimidad del Consejo que «el Estado tiene el monopolio indelegable del uso de la fuerza, el cual se ejercerá a través de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y de Seguridad Pública, conforme a esta Constitución y las leyes».
Además, se aprobó que «sus miembros en servicio activo y el personal que integre las Fuerzas de Orden y Seguridad, no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, declararse en huelga, postularse a cargos de elección popular». Otra de las normas respaldadas hoy es la que indica que «las actuaciones de los militares, ya sea en acto de servicio militar o en cumplimiento de sus funciones, serán conocidos por la jurisdicción militar.
En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares». Y también se visó, pese al rechazo del oficialismo, que «corresponderá a la ley determinar las conductas o circunstancias en que el uso racional de la fuerza exime de responsabilidad penal. Se considerará especialmente la protección de las personas y sus bienes, impedir la comisión de un delito o asegurar el cumplimiento de un deber, en los términos establecidos en la ley».
En cuanto a las normas rechazadas en el consejo constitucional , se encuentra una ingresada por la bancada oficialista que señala: «Las Fuerzas Armadas deben tener un respeto irrestricto al orden democrático constitucional y a los derechos humanos». Tampoco se aprobó un inciso impulsado por la centroizquierda que establecía la gratuidad para el ingreso a las escuelas de Carabineros y la PDI.
En tanto, otra norma rechazada expresa que «el personal de las FF.AA. y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán representar las órdenes manifiestamente ilegales.
La ley deberá regular el procedimiento para tal efecto. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, están sujetas a los controles de probidad y transparencia que la Constitución y las leyes dispongan. Del mismo modo, están sujetas al control y supervisión de la Contraloría General de la República en conformidad de la ley».
