Continúa persecución contra las iglesias y ONGs en Nicaragua
El gobierno de Nicaragua ha ordenado que las iglesias y entidades religiosas comiencen a pagar el impuesto sobre la renta, además de decretar el cierre de 151 organizaciones no gubernamentales (ONG), en un movimiento que refuerza el control sobre estas instituciones desde las protestas de 2018.
Mediante una resolución publicada en el diario oficial La Gaceta, el presidente Daniel Ortega derogó el apartado de la «Ley de Concertación Tributaria» que eximía a las iglesias y organizaciones religiosas del pago de impuestos. Esta medida también incluye la cancelación de la inscripción de 151 ONG, muchas de ellas comerciales, apenas tres días después de que el gobierno cerrara otras 1.500 organizaciones, en su mayoría religiosas. La oposición en el exilio calificó esta acción como un ataque directo a la sociedad civil.
Con este cierre masivo, el número total de organizaciones anuladas por el gobierno desde las protestas de 2018 asciende a unas 5.300. Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han acusado a las ONG y a la Iglesia católica de apoyar las protestas, lo que resultó en la detención y expulsión de varios clérigos del país.
Recientemente, Nicaragua implementó una normativa que obliga a las ONG a operar únicamente en «alianzas de asociación» con entidades estatales. Esta acción sigue a la aprobación de una ley en Venezuela, país aliado de Ortega, que según activistas de derechos humanos, intensificará la persecución de críticos del presidente Nicolás Maduro.
Impuestos a las iglesias
Con la reforma a la ley de «Control de Organismos Sin Fines de Lucro» y la de «Regulación de Agentes Extranjeros», las iglesias ahora deberán pagar impuestos de hasta el 30% sobre sus ingresos anuales, dependiendo del monto reportado al finalizar el año. Martha Patricia Molina, experta en temas de la Iglesia y exiliada en Estados Unidos, afirmó en la red social X que el gobierno nicaragüense busca «ahogar financieramente a la Iglesia para que caiga por su propio peso».
José María Tojeira, portavoz de los jesuitas, cuya universidad fue confiscada en Nicaragua, comentó a la AFP desde El Salvador que «cada día es más evidente» que el gobierno intenta «destruir toda posibilidad de religión e iglesia, y crear un pensamiento único bajo el poder de la familia Ortega-Murillo».
Reacciones internacionales
El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, condenó en X el cierre de 1.500 ONG y el acoso a las comunidades religiosas en Nicaragua. La ONU también calificó de «profundamente alarmante» esta acción, que considera un nuevo episodio de represión sistemática por parte del régimen de Ortega.
El excandidato presidencial nicaragüense Félix Maradiaga, exiliado en Estados Unidos, señaló que esta medida «marca un nuevo y oscuro capítulo» en la represión del gobierno de Ortega. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea mantienen sanciones contra el círculo más cercano al presidente nicaragüense, a quien acusan de graves violaciones a los derechos humanos, tanto en la actualidad como durante las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos en tres meses, según informes de la ONU.
Ortega, exguerrillero de 78 años, que ya gobernó Nicaragua en la década de 1980 y ha estado en el poder desde 2007, sostiene que las protestas de 2018 fueron un intento de golpe de Estado promovido por Washington.
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🚨 Alerta en Nicaragua 🚨 La Iglesia Católica está siendo brutalmente perseguida por el régimen de Ortega. Expulsión de sacerdotes, prohibición de actividades religiosas y cierre de medios católicos son solo algunas de las atrocidades. ¡La libertad religiosa está en peligro!… pic.twitter.com/C10RNLFuoW
— Juventud LAC (@JuventudLAC) August 21, 2024
