«El trato directo es algo legal, pero tiene que ser bien fundado», y el que presentó el gobierno «estaba mal fundamentado». Con esta palabras el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, explicó por qué el Ejecutivo tuvo que retirar el contrato que hizo con una empresa para producir el acto oficial de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que se realizará el próximo lunes.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio había ingresado para su toma de razón en el órgano fiscalizador el contrato con la productora Weise y Asociados Ltda, también conocida como «La Oreja», reconocida por realizar eventos masivos. Sin embargo, «tuvieron que retirarlo porque le hicimos objeciones», dijo Bermúdez en Cooperativa.
«No es poco habitual que la Contraloría objete tratos directos», precisó.
El detalle es que la Contraloría tiene un plazo de hasta 15 días para analizar los antecedentes antes de una toma de razón, periodo que claramente no alcanzaría a cumplir.
«Estamos un poco encima (de los plazos). Espero que en las próximas horas se reingrese», apuntó Bermúdez, y agregó que «uno hubiese esperado que (el contrato) llegara antes».
Aún así, «debería tener prioridad para la revisión. El análisis lo hace la Contraloría Regional de Valparaíso, porque allí el ministerio tiene su sede, pero evidentemente está en coordinación con el nivel central», concluyó.
En el ministerio «tienen que rehacer el acto administrativo. Imagino que eso es lo que va a ocurrir, para efectos de saber bien cuál es la causal del trato directo y si ésta se justifica o no», afirmó.
