El ministro de Justicia, Luis Cordero, se pronunció sobre el crecimiento de la población penal en el país, destacando la existencia de un «abuso de la prisión preventiva» que afecta negativamente a la situación. Cordero hizo referencia a aquellos imputados que están sujetos a medidas cautelares privativas de libertad.
En una entrevista con Estado Nacional este domingo, el titular de la cartera de Gobierno respondió a las críticas y preguntas relacionadas con el caso de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
Es importante recordar que Barriga, quien enfrenta cargos por fraude al fisco y falsificación de instrumento público en el marco de una investigación por desfalco de casi $31 mil millones, quedó bajo arresto domiciliario total y arraigo, a pesar de la solicitud de la Fiscalía de prisión preventiva.
Ante esto, Cordero aclaró que respeta la independencia judicial y destacó que existen casos en los que se ha otorgado prisión preventiva. Subrayó la importancia de observar la evolución general durante la investigación y señaló que actualmente hay un abuso de la prisión preventiva.
ABUSO DE PRISIÓN PREVENTIVA
El ministro explicó que este abuso tiene consecuencias, como la dificultad para llevar a cabo una segregación efectiva y la limitación en la implementación de políticas adecuadas de reinserción para aquellos que han sido condenados.
En cuanto al control de los recintos penales y la cantidad de homicidios registrados en los últimos años, Cordero afirmó que el Estado de Chile tiene control total de las cárceles y está al tanto de lo que sucede en su interior. Destacó que, de ser necesario, puede obtener información detallada a través de la comunicación directa con el director de Gendarmería.
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El ministro abordó el plan carcelario del Gobierno para mejorar la gestión de los Complejos Penitenciarios en el país, incluyendo la habilitación de nuevas cárceles. Indicó que los procesos de licitación ya están en curso y que, mediante el sistema de concesiones, se espera habilitar nuevas cárceles entre 2024 y 2025, con ampliaciones planificadas en diversas ubicaciones.
En resumen, Cordero proyectó que para el 2033 el país debería contar con más de 20,000 nuevas plazas en el sistema carcelario. No obstante, enfatizó la necesidad de avanzar en legislación para evitar que la cifra de personas privadas de libertad alcance niveles críticos, proyectando una cifra de alrededor de 80,000 para ese año.
