Tras una extensa jornada de legislación, ayer jueves la derecha, junto a Demócratas y Amarillos, logró incorporar un artículo para reponer las atribuciones de la justicia militar en el proyecto de ley que pasa a rango legal las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), lo que significó un duro golpe para el gobierno y las fuerzas oficialistas.
Por 14 votos a favor y 12 en contra, la comisión unida de Seguridad y Constitución de la Cámara visó la indicación presentada por fuerzas de oposición, pasando así su discusión a la Sala.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, se sumó a las críticas de este artículo, argumentando que “es una mala regla. Esencialmente es como retroceder exactamente 30 años en Chile. Y la razón es relativamente simple: la regla general en el sistema institucional chileno es que los delitos están sometidos a un régimen de fuero común. Con excepción de un caso muy calificado, que es el caso de la justicia militar. Y la justicia militar tiene una distinción en tiempos de guerra y en tiempos de paz”, partió diciendo.
Y luego agregó: “Es un retroceso porque durante largos años el actual oficialismo y la oposición también han ido estableciendo el ámbito específico en el cual la justicia militar debe aplicarse, que es esencialmente respecto de delitos militares en los cuales están involucrados militares. ¿Cuál era el consenso que existía hasta ahora? Que respecto a los delitos comunes, cualquiera fuese la condición del sujeto estaba sometido, estaba sometido a la legislación común”.
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De acuerdo a Cordero, “esto no sólo implica un retroceso respecto a los últimos 30 años, las últimas modificaciones importantes provienen de una reforma presentada por el propio presidente Piñera en el año 2010 y perfeccionada en el año 2016. Pero además de esto, Chile está condenado en materia internacional por utilizar la justicia militar en el caso de que estén involucrados delitos comunes”.
Así mismo, apuntó a las deficiencias de la justicia castrense. “Los jueces militares, los fiscales militares y los auditores de las instituciones armadas, que participan también en el caso de cortes, son funcionarios de las instituciones armadas sujetos a verticalidad del mando”.
Y dijo que no solo es entregar una regla de fuero especial a la justicia militar en un ámbito donde aplica el fuero común, “sino que además es entregarlo a un régimen de justicia reconocidamente que carece de imparcialidad e independencia, y de hecho, que no tiene la inamovilidad del sistema judicial”.
Impulsores de la indicación
Pero no solo eso, Cordero también cuestionó a los impulsores de la indicación: “Yo tengo la impresión de que las personas que promovieron esta regla desconocen la discusión previa y desconocen el problema orgánico que en la actualidad tiene la justicia militar para llevar una iniciativa de estas características a cabo”.
Según Cordero, la norma está hecha para que el Ministerio Público no siga conociendo estos asuntos. “Ese es su propósito central. Son delitos comunes cometidos por funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros en el desempeño de su cargo o en situaciones que están identificadas en esa regla”.
“Carece de toda racionalidad desde el punto de vista técnico. Ni siquiera estoy haciendo un juicio político sobre esto. Desde el punto de vista técnico desconoce el debate que el país ha tenido en los últimos 30 años y que todas las administraciones han tenido por el propósito de corregir. De hecho, el ejemplo de la administración del Presidente Piñera es un buen ejemplo sobre este punto”, recalcó.
